Por Julio Faesler.- La compra de trenes chinos por la autoridad de la ciudad de México merece comentarios.

Desde hace años México tiene sobrada capacidad para fabricar esos equipos. Nuestras exportaciones de carros de ferrocarril, autobuses de pasajeros y camiones de carga son muy acreditados.

El que el gobierno capitalino de las 4 T desatienda la Ley de Compras del Sector Público que da preferencia a lo hecho en México, hasta el grado de establecer un margen de referencia en su favor, y decida una vez más comprar, como ya lo hizo con los trolleybuses chinos, equipo importando sin siquiera disponer su armado aquí incorporando componentes mexicanos, daña la industria nacional y los intereses laborales.

La importación de equipos terminados demuestra que las autoridades no respaldan la industrialización del país. El asunto ya lo comentamos a la Secretaría de Economía que explicó que ella no vigila el respeto de la ley que obligue a preferir lo nacional sino es la Secretaría de la Función Pública que recibirá las denuncias de los fabricantes mexicanos afectados que, por cierto, ni se han hecho oír.

El gobierno mexicano no sólo no apoya a empresas mexicanas o regionales sino finca pedidos a empresas de China precisamente el país rival de EUA nuestro socio en T MEC.

En efecto, el consorcio formado por las empresas CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE y CRRC CO LTD obtuvo contratos para la modernización de la Linea Rosa por 37 mil millones de dólares que la CDMX pagará en 19 años. La empresa Zhuzhiu ya está a cargo de la modernización de la Línea 1 y busca contrato para el Tren Ligero por 600 millones de pesos. El próximo 2 de septiembre se anunciará la importación de los nuevos trenes vendidos por CRRC Zhuzhou, Hidromex, CAF México, Alstom Transport México, Productos Servicios del Centro y Materiales Drogues. Los trenes deberán entrar en operación en el curso de 2023. Las empresas mexicanas constructoras de material de transporte creadas en tiempos de los ahora odiosos adversarios de la 4T han desaparecido, mientras que China entra cada vez más en nuestra economía como las de América latina con ambiciosos programas de infraestructura y de penetración comercial.

Los EUA están en profunda rivalidad muy contra China y por lo que la cláusula 32.10 del T MEC dicta que los socios deben aprobar cualquier acuerdo con un país que no sea de “economía de mercado”.

Este asunto tiene su profundidad y las decisiones claramente antinorteamericanas que AMLO ha venido tomando provocan una creciente tensión no solo en lo político sino en nuestra vinculación económica en el sentido más amplio.

En otro asunto de importancia igualmente trascendente, el de nuestra sociedad en el T MEC, la posición de AMLO en materia de compromisos de medio ambiente y reducción de uso de combustibles fósiles lo imposibilitan como socio confiable del T MEC.

La semana pasada la Embajadora en jefe de la Oficina de Acuerdos Comerciales de Estados Unidos anunció el inicio de consultas sobre presuntas violaciones de México al TMEC que afectan directamente a las empresas de ese país como las de Canadá en cuanto a los contratos que se han formalizado.

Una fase de conversaciones se inicia de inmediato y tardará 30 días. En el caso de no llegarse a un acuerdo, se comenzará el proceso de consultas de 75 días al cabo de los cuales se instalarán paneles en que participaron los dos gobiernos y un árbitro. De no llegarse a acuerdos las sanciones que pueden aplicarse a nuestro país podrían ser compensaciones arancelario y cuyo valor total podría ascender a un monto de 30 ó 40 mil millones de dólares.

El tema nos obliga a cumplir con las obligaciones aceptadas con Seade y que fueron aceptadas por el embajador Seade en los últimos momentos de las negociaciones del Peña Nieto y encabezadas por Ildlefonso Guajardo actual diputado.

Seade se limitó a eliminar la palabra petróleo del texto dejando vivos otros párrafos importantes que, como tratado internacional son de jerarquía constitucional lo que puede llevar el diferendo a tribunales internacionales.

La insistencia en que PEMEX y CFE continúen sus programas con combustibles fósiles entorpece la producción de energías limpias. El gobierno de México dispone que estas dos entidades son las que han de recibir y distribuir las energías limpias que producirían los particulares..

El problema no solo involucra la relación norteamericana sino está vinculado a decisiones internacionales que contienen la obligación de reducir el uso de combustibles fósiles para alcanzar reducir la emisión de gases que aumentan la contaminación ambiental.

AMLO ridiculiza el problema en lugar de hacer lo posible por resolverlo. Con ello ha agravado la situación en una ruta de costosa confrontación para todos.

Es improbable que el resultado llegue al extremo de castigos a la producción mexicana de la que dependen miles de trabajadores. Los 75 días de consultas deberán servir para resolver lo que la diplomacia sabe atender.

El que AMLO anuncie que el 16 de septiembre se pronunciara sobre este crítico asunto no tiene que interpretarse como clarín de guerra sino la solución que el interés que todos necesitan.

juliofelipefaesler@yahoo.com