Ciudad de México.- La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y tipificar la usurpación de identidad como un delito federal, que sea sancionado con rigor.

La propuesta de la senadora panista plantea una pena de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días de multa a quien, por algún medio informático, usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie sin autorización de la identidad de otra persona, para el uso ilícito de sus datos personales, con el fin de obtener un lucro para sí o para otro.

Asimismo, establece que si la persona que cometa esos actos cuenta con un grado académico dentro del ámbito de la telemática o informática, se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional.

Durante su intervención en tribuna, indicó que se aumentarán las penas hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por algún servidor público que, aprovechándose de sus funciones, use ilícitamente datos personales a los que tenga acceso.

Dijo que el problema del robo de identidad es grave, ya que crece cada día y afecta el patrimonio y la tranquilidad de miles de mexicanos.

“El robo de identidad o la usurpación de identidad es una conducta ilícita que se está extendiendo, una actividad que implica pérdidas por millones de pesos diarios para personas, familias e instituciones bancarias”, dijo.

Gómez del Campo Gurza refirió que es común que los ministerios públicos locales se “laven las manos”, porque los delitos se cometen en entidades distintas al del lugar de residencia de la víctima.

“Es común que se dé carpetazo a las querellas interpuestas por la equivocada justificación de que los bancos, al ser instituciones de índole nacional, no pueden ser requeridas por las autoridades locales; necesitamos poner alto a esta discrecionalidad y darle soluciones a quienes han sido perjudicados por este delito”, apuntó.

Expuso que en la actualidad cada entidad federativa sanciona este delito, pero lamentó que cada una lo hace de forma distinta.

“Incluso hay casos en los que el robo de identidad no se tiene considerado en los códigos penales locales; no podemos permitir es que esta actividad ilícita siga creciendo fomentada por vacíos legales o por la falta de una adecuada persecución”, remarcó.

Prácticamente todos tenemos a algún conocido, agregó, o hemos sido víctimas directas de la falsificación de sus documentos oficiales que, posteriormente, son usados para cometer un fraude, contratar irregularmente servicios, hacer compras, adquirir bienes, efectuar retiros de efectivo u obtener créditos.

La legisladora por la Ciudad de México expuso que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante 2015 hubo poco más de 60 mil casos de robo de identidad.

“El monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, un 19 por ciento más de lo reclamado en el año 2014; para 2016, por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra 33.6 por ciento mayor con relación a 2015”, precisó.

Puntualizó que en el primer trimestre de 2017, los casos por robo de identidad aumentaron 18 por ciento, contabilizándose un total de 19 mil.

La iniciativa, que adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal, fue signada también por el senador panista Salvador López Brito.