Ciudad de México 6 de mayo de 2020.- La senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó dos denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por los actos y omisiones en que pudieron haber incurrido empresas y servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la compra y cancelación de compra de equipo médico.

Explicó que ante la imposibilidad de ingresar vía internet las denuncias como indica la SFP, lo hizo a través de redes sociales con copia a la secretaria Irma Eréndira Sandoval.

La primera denuncia se refiere al incumplimiento de la empresa Levanting Global Servicios LLC, propiedad de Baldemar Pérez Ríos, con la entrega de los 2 mil 500 ventiladores, por lo que el Seguro Social rescindió el contrato.

Gálvez Ruiz pidió la intervención y resolución inmediata por los efectos nocivos a la salud pública, ya que no sólo se trata de incumplido del contrato por 80 millones 725 mil dólares, ni de que servidores públicos del IMSS hayan incurrido en responsabilidades administrativas, sino de que, dadas las circunstancias sanitarias que vive el país por la pandemia del Covid-19, la población carecerá de ventiladores.

“La Ley de Adquisiciones establece claramente que para hacer una asignación directa se tiene que revisar la idoneidad de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, entonces necesitamos saber quién aplicó estos criterios, porque esta empresa se dedica a servicios petroleros, no tiene nada que ver con la compra de equipo médico. Dos, hay una vinculación con el señor Baldemar Pérez Ríos, que todo indica que fue sentenciado por fraude en Estados Unidos y que la Secretaría de la Función Pública tiene una investigación en curso”, informó la senadora.

Añadió que la segunda denuncia se refiere a la asignación que realizó la delegación del IMSS en Hidalgo a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de CFE, de un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores. Con ello, cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19.

La denuncia pide se inicie el procedimiento de investigación de oficio y se indague la idoneidad de los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad que se emplearon para determinar la procedencia de la contratación.

Solicitó se aclare qué servidor público llevó a cabo la investigación de mercado y si éste se tomó en cuenta.

Además, pidió investigar qué servidor público debió haber constatado y, en su caso, omitió hacerlo, que el domicilio de León Manuel Bartlett Álvarez se ubica en una casa propiedad de Cawaret S. A. de C. V., empresa de la que es socio el servidor público Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE.

“Necesitamos saber exactamente cuáles fueron los criterios ¿quién hizo el estudio de precios?, porque a todas luces resulta que se lo compraron al más caro. ¿Por qué el gobierno no compró de manera directa esos ventiladores al fabricante?, o sea, estamos viendo que el costo promedio de un ventilador de ese tipo vale un millón de pesos ¿Por qué se esperaron hasta abril para comprarlos?, ésa es la otra pregunta”, cuestionó la senadora.