Ciudad de México, 06 de septiembre del 2020.- De cara a la peor crisis económica que enfrenta México en el último siglo, el paquete económico 2021 que deberá presentar el gobierno este próximo martes está obligado a incluir las herramientas para contener el impacto, poner las bases de la reactivación y apoyar a quienes más ha golpeado la emergencia derivada de la Pandemia.

El país no está para experimentos, ocurrencias, consignas ideológicas o caprichos. Después de cinco meses de colaborar con su confinamiento, los mexicanos merecen lo mejor de las políticas públicas para mitigar la contingencia, afirmó el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks.

En este contexto de crisis económica, escasez de recursos públicos y la necesidad imperativa de recuperación, esperamos que la propuesta contenga al menos los siguientes puntos:

• Priorizar equilibrio fiscal y finanzas públicas sanas sin contratar más deuda y estimando de forma responsable ingresos públicos, congruentes con la producción y el precio del petróleo, el tipo de cambio, las estimaciones de crecimiento económico y la recaudación de ingresos.

• Reorientar el gasto público para atender la crisis en salud, educación y pobreza, suspendiendo obras que siguen sin estudios técnicos, de beneficio social e impacto ambiental como el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

• Ampliar sustantivamente el gasto en salud para la atención integral del Covid 19, como la compra anticipada de vacunas; mayores recursos para el Programa Nacional de Vacunación, garantizar medicinas y tratamientos para todos los tipos de cáncer, VIH-Sida y enfermedades crónicas; así como para mejorar y ampliar la infraestructura, equipamiento y personal de salud a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

• Estimular el crecimiento económico, dinamizar el mercado interno y fomentar la competitividad, a través de una mayor inversión y certidumbre jurídica en proyectos rentables y sustentables, en energías limpias y renovables, en la protección al medio ambiente, la promoción y apoyo al turismo, a la industrias manufacturera y maquiladora y a los sectores agroalimentario y de telecomunicaciones.

• Apoyar la economía, el empleo y los ingresos de las familias afectados por la crisis sanitaria y económica a través de un Ingreso Básico Universal para emergencias (IBU). Una menor carga fiscal y mayores apoyos para fortalecer a las Mipymes y emprendedores del país, reduciendo el pago de impuestos a quienes menos ganan. Esto permitirá aumentar el empleo ya que seis de cada 10 plazas las aportan precisamente las pequeñas y medianas empresas. También estímulos fiscales al pago de colegiaturas y la reducción del impuesto a gasolinas.

• Una política laboral contracíclica mediante un gran programa de empleo temporal (tres meses) en estados y municipios, para el mejoramiento urbano, apoyo a jornaleros. Consolidar trabajos en el campo y la ciudad.

• Recursos suficientes para cerrar las brechas educativas que se han ampliado durante la pandemia. Un ejemplo de ello es incrementar el presupuesto del Programa Internet para Todos en zonas públicas y comunidades marginadas. Asimismo, mayores asignaciones para cubrir los derechos a una educación inicial y superior obligatoria, así como a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

• Un presupuesto de política social que ayude a la población más vulnerable afectada por la pandemia, para disminuir los niveles de pobreza y marginación, a efecto de garantizar el pleno ejercicio y respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

• Mayores recursos a personas en situación de vulnerabilidad económica, como el lamentable caso de las mujeres que sufren violencia laboral, intrafamiliar y de sus parejas. Poner énfasis en el anexo 13 de erogaciones para la igualdad de mujeres y hombres, en materia de vivienda, seguridad social, alimentación y migrantes.

• Destinar mayores recursos a las instituciones de seguridad y a las aportaciones y subsidios de seguridad para estados y municipios a fin de lograr un 1.4 del PIB de este gasto –hoy en 0.8% — para atender de forma frontal la delincuencia organizada, el feminicidio y la incidencia delictiva.

• Incluir un plan de modernización del pacto fiscal bajo criterios de desempeño en materia de crecimiento, competitividad, transparencia, rendición de cuentas y combate frontal y eficaz contra la corrupción.

• Que el presupuesto 2021 cuente con mayores mecanismos en materia de transparencia, eficiencia y fiscalización de acciones y recursos públicos en programas sociales y en la contratación de obras, bienes y servicios públicos.

La gravedad del momento que se vive no requiere mayor diagnóstico pero sí acciones efectivas, inmediatas y cuantificables que den solución de fondo a los problemas incubados desde antes de la pandemia.

Los diputados de Acción Nacional estamos dispuestos al análisis de las leyes que se presenten y a colaborar en todo con una estrategia a fondo, del tamaño de los retos.