Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.- Uno de los grandes problemas que aqueja al medio ambiente en México y en América Latina, es la intensa deforestación que el país sufre año con año. Este problema ha causado no solamente un impacto negativo en la industria maderera, sino que afecta a los ecosistemas y se define como una actividad que fortalece a bandas del crimen organizado.

Así lo señaló la diputada Silvia Garza en su solicitud al Pleno de la Cámara de Diputados a fin de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, informe las acciones que ha llevado a cabo en el año 2020 y llevará a cabo en el año 2021, sobre el “Combate a la Tala Clandestina”.

En su petición, la legisladora federal panista pide que se incluyan operativos, inspecciones a centro de almacenamiento de materias primas forestales, madererías y establecimientos de venta de productos y subproductos forestales.

De acuerdo con la organización Greenpeace, en México anualmente se devastan entre 250 mil y 500 mil hectáreas de bosques y selvas, posicionándonos en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial, lo que provoca la destrucción de la biodiversidad que existe en México, lo cual contribuye a sumar efectos adversos del cambio climático, ya que el 20% de las emisiones de carbono a nivel mundial provienen de la pérdida de ecosistemas forestales.

GreenPeace destaca que de los 5.8 millones de metros cúbicos de recursos forestales producidos en México, el 70% es de procedencia ilegal, es decir, más de 30 mil hectáreas de bosques en el país son destruidas sin los permisos y consentimiento del Estado. Este mercado negro de madera ha afectado notoriamente la productividad de la industria maderera.

Silvia Garza, Subcoordinadora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional argumentó que la PROFEPA enfrenta la crisis más grave desde su creación, por estar operando a su mínima capacidad, con el presupuesto más bajo de los últimos 12 años; estas condiciones provocan que hoy el panorama de México en cuanto a la tala ilegal, sea sombrío, pues es una actividad ilícita que poco importa al actual Gobierno, que se encuentra entretenido en la dotación de presupuesto para las obras faraónicas, quitando presupuesto a las autoridades ambientales.

Este 2020, presupuestalmente para la procuración de justicia en México es muy difícil, pero sin duda el próximo año será peor, ya que según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentado ante la Cámara de Diputados en este mes de septiembre, en materia de Regulación y Supervisión los programas registran una caída real de (-) 4.4%.

El programa de Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuya reducción presupuestal es de al menos 30.3 % presenta una reducción totalmente desproporcionada al problema de deforestación que enfrentamos como país. Resulta inconcebible y de grave afectación a los ecosistemas, lo cual se traducirá en más clandestinaje, mayor pobreza y menor calidad de vida para los mexicanos, finalizó la diputada Silvia Garza.