Ciudad de México.- Con el propósito de transparentar y eficientar el gasto de publicidad oficial de la federación, estados y municipios, la senadora Marcela Torres Peimbert anunció la presentación de una iniciativa para crear la Ley Federal de Comunicación Gubernamental, con la que se busca eliminar la discrecionalidad en la contratación de spots en diversos medios de comunicación.

La propuesta prevé reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental que se difundan en prensa, radio, televisión, Internet, cine y publicidad exterior, para promocionar acciones y programas de gobierno, indicó.

La senadora panista destacó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del amparo promovido por la asociación civil Artículo 19 es un llamado de atención para que el Congreso cumpla con su obligación de legislar en materia de comunicación gubernamental.

En conferencia de prensa expuso que la publiciad oficial se convierte en un mecanismo de censura para controlar al medio, “te compro si hablas bien de mí y te castigo si me criticas”; política de comunicación que ha sido implementada por el gobierno federal bajo la consigna: “el que paga manda”.

Esta administración, agregó, ha gastado en promedio diez mil millones de pesos en publicidad, pese a que sólo tenía autorizado un presupuesto de 6 mil millones, “que ya es mucho”, pues excede lo que se destina a programas federales como el de Prevención de Desastres Naturales.

El Congreso lleva más de diez años sin emitir la legislación secundaria del artículo 134 constitucional sobre publicidad gubernamental, resaltó y “esta iniciativa se propone nuevamente, pues la presentada hace cuatro por diversos senadores del PAN se desechó sin haberse debatido”.

La senadora Marcela Torres expuso que Ley Federal de Comunicación Gubernamental sólo permitirá contratar espacios publicitarios una vez agotados los tiempos fiscales y de Estado destinados a los entes gubernamentales.

“Hay tiempos oficiales pero el gobierno no los respeta y prefiere anunciarse en horarios más rentables con dinero público”, añadió.

De igual manera, dijo, se prevé la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano para la Evaluación y el Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, así como la fiscalización de los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, se establece la redistribución del uso de los tiempos de Estado para publicidad oficial entre los poderes de la Unión y órganos autónomos, y la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, abundó.

La legislación propuesta tiene como base las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y “no pretende perjudicar a los medios de comunicación, sino crear piso parejo para todos”, a fin de evitar medios “consentidos” y “castigados” y por el gobierno en turno, manifestó.

Resalto la necesidad de contar con un marco normativo específico que regule la comunicación gubernamental, pues ante la ausencia de reglas claras se pervierte la relación con los medios por el uso discrecional del gasto en este renglón, además de que no hay rendición de cuentas eficiente.

“La sociedad ha expresado su malestar no sólo por los montos millonarios que los gobiernos gastan en publicidad, saturando a los ciudadanos con un ‘bombardeo’ propagandístico, lo que contrasta con el presupuesto que se asigna para solventar servicios públicos básicos”, concluyó.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los senadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Daniel Ávila Ruiz.