Por Alejandro Díaz.- En este sexenio la violencia se ha exacerbado. La cifra de asesinatos, robos, secuestros y demás crímenes ha crecido a niveles nunca pensados y la inquietud ciudadana llega a niveles inaceptables. Más hechos criminales suceden en nuestro entorno cercano y nos asedian en forma cada vez más cercana. Si antes veíamos que se cometían delitos graves en nuestra ciudad en colonias alejadas, ahora los vemos que suceden en la que vivimos, quizá en la misma calle, ya muy cerca de nosotros.

“Los muertos de Calderón” (y los de Peña), con los que el actual inquilino de Palacio movió a muchos a votar en 2018 son cifras muy menores comparadas con las de la actualidad. La falta de efectividad policial y la impunidad creciente, pero principalmente la pasividad política propician un aumento exponencial de los delitos.

La absurda política de “abrazos y no balazos” ha dado alas a los grupos criminales para que incrementen sus actividades, expandan su radio de acción e incursiones en otros tipos de ilícitos. Además inhibe la acción preventiva de la policía y la de contención de actos criminales. Cada vez más frecuentemente se ven quemas de vehículos y negocios que la policía es incapaz de inhibir a pesar de contar con sofisticados medios de vigilancia. Para completar el trío de dificultades, los procesos que tienen que seguir policías y ministerios públicos para fincar acusaciones y lograr sentencias se enfrentan a caminos burocráticos que propician corrupción e impunidad.

La semana pasada se generalizó la violencia criminal en varios estados de la república. En más de una decena de ciudades manos criminales incendiaron automóviles, negocios e inmuebles sin que las autoridades pudieran prevenirlos y menos contenerlos. Después de los hechos tanto gobernadores como alcaldes se apresuraron a condenar los ataques, excepto la alcaldesa de Tijuana que externó la menos atinada de las respuestas. En vez de condenar sin ambages los ataques, pidió a los criminales “que se limitaran a cobrar el derecho de piso sin afectar a terceros”. ¿Acaso exigir derecho de piso es legal? ¿Quienes se niegan a pagarlo no merecen la protección de las leyes?

Independiente del paso en falso de esa alcaldesa, lo sucedido la semana pasada es la mejor prueba que la estrategia de “abrazos y no balazos” no funciona. No veo que pueda hacer el inquilino de Palacio para mostrar que protege a los mexicanos. Si quiere salvar la cara, tiene que reconocer que ha fallado, proponiendo un plan realizable para recuperar el control de calles, colonias, pueblos y ciudades. Sí decidió la liberación del hijo del Chapo bajo el pretexto de proteger a Culiacán, rectificar de inmediato su absurda política evitará que millones de mexicanos sigan viviendo amenazados por uno o varios cárteles criminales.

Peor aún que la alcaldesa de Tijuana, dos de los integrantes del gabinete de seguridad del inquilino de Palacio -los Secretarios de Gobernación y de Defensa- externaron que la razón de esa violencia es “una campaña publicitaria porque la criminalidad sabe que va a la baja”. No es lógico que tan importantes funcionarios se muestren ingenuos o mentirosos. ¿Creen que declarando así va a mejorar la seguridad? Mejor confiesen que los cárteles desataron la violencia a causa de un operativo fallido para detener a sus líderes.

Si el inquilino se aferra en no enmendar esa política, los ciudadanos que se sientan amenazados estamos en la obligación de manifestarnos públicamente. No podemos darnos el lujo de esperar a que la situación empeore y la criminalidad termine por apoderarse por completo del país.

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