CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron la comparecencia de la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, para que explique las razones por las que la dependencia a su cargo desechó 69 quejas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en la aplicación de diversos programas sociales.

Aproximadamente 126 empresas “fantasma” participaron en una “sofisticada y compleja red de corrupción y simulación” para desviar 2 mil 130 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, entre 2014 y 2016, lo cual fue detectado por 15 auditorías practicadas por la ASF, indicaron.

Se tiene conocimiento que el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP desechó las 69 quejas interpuestas por la ASF, por lo que Arely Gómez González deberá explicar al Senado de la República los motivos que llevaron a esta secretaría a omitir el cumplimiento de sus obligaciones legales para investigar y sancionar a los servidores públicos responsables, mencionaron.

Al presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, los senadores panistas resaltaron que en los resolutivos también solicitan la comparecencia del titular de la ASF, David Colmenares Páramo, para que informe detalladamente a esta representación sobre los hallazgos detectados, así como el estado que guardan las investigaciones.

Las empresas “fantasma” involucradas en los desfalcos, abundaron, están dedicadas a actividades distintas a los servicios para las que fueron contratadas, no tienen un domicilio real, están representadas por un mismo apoderado legal y presentan una situación fiscal irregular, se informa en los avances de los resultados de las auditorías.

A pesar de todo lo anterior, llama la atención que el área de quejas del OIC de la Sedesol “se haya tomado la libertad o la atribución, al parecer sin consulta previa, de desechar este número importante de expedientes, bajo el discutible argumento de que ‘faltaban elementos para sancionar’”, cuestionaron.

También resulta extraño que este rechazo a proceder en contra de quien resulte responsable se diera entre 2015 y 2016, periodo en el cual esta dependencia federal tuvo en el OIC a cinco diferentes titulares y a cargo de la Sedesol estaba José Antonio Meade, “situación a todas luces anómala, irregular y sospechosa, por decir lo menos”, apuntaron los senadores integrantes de Grupo Anticorrupción de la bancada panista.

Manifestaron que una de las empresas vinculada con estos hechos es la denominada “Comercializadora Devolviendo Confianza”, la cual, al parecer, obtuvo contratos por 224 millones de pesos, no obstante que es considerada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como sospechosa de lavar dinero.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Mexicana, nuestro país ocupa del último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20 en el combate de este flagelo, expusieron.

Además, a nivel Latinoamérica, México sólo supera a Haití y Venezuela en esta materia y se encuentra a más de cien lugares de distancia de países como Chile, Uruguay y Costa Rica, subrayaron.

“La corrupción es denunciada una y otra vez en todos los medios de comunicación sin que autoridades de la Secretaría de la Función Pública hagan nada por cumplir su obligación de combatirla”, concluyeron.

El punto de acuerdo fue suscrito por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel.