La senadora Gabriela Cuevas Barron presentó un punto de acuerdo para que el Senado de la República manifieste su rechazo en contra de las medidas antiinmigratorias del gobierno de Estados Unidos.

La Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump prohíbe el ingreso a todos los refugiados, con independencia de su origen, durante 120 días; a ciudadanos de países de mayoría musulmana como Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, durante 90 días, y por tiempo indeterminado a ciudadanos sirios.

Mediante un punto de acuerdo, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores exhortó también al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), promueva y genere las condiciones necesarias con el fin de recibir a un mayor número de refugiados e integrarlos plenamente a la sociedad mexicana.

La senadora panista recordó que el pasado 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, Donald Trump cumplió una de promesas de campaña, al firmar la Orden Ejecutiva “Protegiendo a la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros a Estados Unidos”.

Asimismo, dijo, la orden ejecutiva, que se tomó en la Casa Blanca sin la consulta de los departamentos de Seguridad y Estado, podría afectar a unas 20 mil personas, además de que el veto despertó la indignación y el rechazo en Estados Unidos y en el mundo entero.

La legisladora refirió que los procuradores generales de 16 estados de EU –California, Nueva York, Pensilvania, Washington, Massachusetts, Hawái, Virginia, Vermont, Oregon, Connecticut, Nuevo México, Iowa, Maine, Maryland, Illinois y el Distrito de Columbia- condenaron el veto de Trump de manera conjunta y defendieron la libertad religiosa como un principio fundamental de su país que ningún presidente podrá cambiar.

Agregó que destacadas figuras del Partido Republicano, incluyendo a los senadores John McCain y Lindsey Graham, lanzaron una declaración en oposición a la orden y expresaron su temor de que la medida sea contraproducente en la lucha contra el terrorismo.

Además, continuó, varios jefes de Estado de países de la Unión Europea se opusieron en una declaración conjunta contra este decreto.

Cuevas Barron afirmó que históricamente México ha buscado proteger a quien, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a su protección.

Recordó que, de acuerdo con cifras de ACNUR, de 2011 a 2016 las solicitudes de refugio en México se incrementaron en 1,079 por ciento y tan sólo de 2015 a 2016, los nuevos refugiados aumentaron en 175 por ciento.

En este momento, con el rumbo que está tomando la política migratoria de Estados Unidos, México tiene dos retos muy grandes: en primer lugar, proteger y acoger a sus connacionales que residen en Estados Unidos y quienes son hoy particularmente vulnerables a ser repatriados, discriminados, criminalizados e incluso violentados en medio de una retórica nacionalista que separa y que incita al odio, manifestó la senadora.

En segundo lugar, agregó, México tiene una responsabilidad con la comunidad internacional, una responsabilidad que se enmarca en los principios de política exterior sobre la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

“Es tiempo de que promovamos la inclusión en nuestro propio territorio. Es necesario reconocer la enorme riqueza social, cultural y económica que toda comunidad migrante aporta a las sociedades, y saber aprovecharla.

México puede y debe abrir nuevamente sus puertas a quienes más lo necesitan. Nuestra política exterior debe estar a la altura de los desafíos que impone el mundo de hoy”, concluyó.

El punto de acuerdo también fue suscrito por los senadores Héctor Flores Ávalos y Ernesto Cordero Arroyo.