Querétaro, Qro. 19 de febrero de 2025.- Las y los integrantes del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) del Estado de Querétaro, en sesión extraordinaria, aprobaron por unanimidad el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para propiciar entornos digitales seguros para la prevención, protección y atención de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en instituciones de educación básica y media superior.

Estos lineamientos, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, tienen por objeto la protección y atención de la niñez y adolescencia en el entorno digital.

Al hacer uso de la voz el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, presidente del SIPINNA indicó que, en Querétaro residen casi 400 mil niñas, niños y adolescentes, de los cuales siete de cada 10 tienen acceso a redes sociales. Señaló que, durante 2023, el 20.6 por ciento de los queretanos que usaron Internet, sufrieron acoso en línea.

“Las consecuencias de esta exposición digital son alarmantes, la distorsión en la percepción de la sexualidad; incremento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión; impactos psicológicos, mentales y físicos con riesgo de autolesiones o suicidio; sensación de insatisfacción y vacío, debido a la búsqueda constante de gratificación instantánea”, afirmó.

Ante este panorama, el Secretario de Gobierno señaló que los lineamientos buscan establecer estrategias para mitigar estos riesgos y proteger a niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital.

El SIPINNA en Querétaro está integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola; la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la LXI Legislatura, diputada Leonor Mejía Barraza; así como por los 18 presidentes municipales; la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

También los Secretarios estatales de Educación, Trabajo, Finanzas, de las Mujeres, DIF Estatal y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; así como por el Instituto Nacional de Migración; la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes de la sociedad civil.