Ciudad de México junio de 2026.- Imaginen que alguien los amenaza, piden ayuda a la policía con tiempo y la respuesta es el silencio total. Eso le pasó a Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, quien fue asesinado tras advertir que su vida corría peligro y solicitar una protección que jamás llegó a su puerta.

El PAN ha señalado directamente que este trágico final no es solo culpa de los criminales, sino de una enorme negligencia gubernamental. Para el partido, las autoridades de Morena, tanto a nivel estatal con Salomón Jara como a nivel federal, dejaron al alcalde completamente solo ante el peligro.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, explicó que Joel Bravo se plantó firme y se negó a ser extorsionado por la delincuencia. El verdadero problema es que denunciar y hacer lo correcto en este país se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo por la falta de apoyo oficial.

La oposición exige una investigación profunda que no solo busque a los autores materiales del crimen, sino que también aclare por qué se ignoraron las alertas del edil. Es como si un médico viera los síntomas graves de un paciente y decidiera simplemente mirar hacia otro lado.

Este caso pone sobre la mesa un debate urgente sobre la estrategia de seguridad actual. Cuando los alcaldes locales, que son la primera línea de defensa de los ciudadanos, quedan desprotegidos, el mensaje que se envía a toda la sociedad es sumamente preocupante.