Ciudad de México.- El senador Ernesto Ruffo Appel anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de las audiencias, aprobadas recientemente en el Senado de la República.

Destacó que el 28 de noviembre senadoras y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido del Trabajo (PT-Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como un senador independiente, sumaron 47 firmas, de 43 requeridas, para interponer este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, el senador Ruffo, junto con varios de los promoventes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, denunció la forma ilegal y atropellada en la que se aprobaron las reformas en la sesión del pasado 26 de octubre, y criticó la premura del Ejecutivo federal para promulgarlas el 31 de octubre.

“Secretarios de las comisiones nos convocaron, a pesar de no estar en capacidad de hacerlo, con menos de 24 horas de anticipación, y sin previa lectura se puso a discusión el dictamen ante el pleno”, apuntó.

Este proceder pone en evidencia los grandes intereses que hay detrás de esta “contrarreforma”, destacó, la cual limita los derechos de las audiencias que se habían logrado en la reforma aprobada en el Congreso de la Unión en 2014.

En los cambios aprobados recientemente, agregó, se elimina la obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la publicidad de la información, con lo cual no habrá claridad de lo que es información noticiosa con respecto a la opinión de quien la presenta.

“Los ciudadanos, identificados como las audiencias, requerimos que se nos diga la verdad por los medios de comunicación y no que se confundan los hechos con opiniones pagadas, como si fuera información”, sostuvo.

Asimismo, el senador Ruffo Appel rechazó que con esta distinción entre información y opinión se vulnere la libertad de expresión, al contrario, dijo, lo que se pretende garantizar es el derecho a la información.

Con la reforma aprobada “las audiencias quedan desprotegidas cuando se trata de programas diversos, como revistas matutinas o emisiones de espectáculos, que suelen vender entrevistas a políticos o supuestos especialistas que recomiendan un determinado producto, sin que al público se le aclare que se trata de un segmento pagado”, se advierte en el texto presentado a la SCJN.

Otro punto controversial de la “contrarreforma”, abundó, es el relativo a las defensorías de las audiencias y la elaboración del código de ética, pues se deja a voluntad de los concesionarios garantizar este derecho y que cada medio haga su código de ética.

Permitir que los concesionarios designen y paguen al defensor de audiencia de cada medio es un despropósito y un evidente conflicto de interés que debilita esta figura, además que se le restan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en esta materia, destacó.

La acción de inconstitucionalidad, precisó el senador Ruffo, fue firmada por 22 panistas, 16 integrantes del PT-Morena, 8 perredistas y un senador independiente.

A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones civiles Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Artículo 19 y Observatel, que acompañan a los legisladores en la presentación del recurso ante la Corte.

También estuvieron presentes las senadoras Sylvia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, Sandra Luz García Guajardo, Layda Sansores Sanroman y Dolores Padierna Luna, y los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz y Fernando Mayans Canabal.