Ciudad de México a, 21 de febrero de 2021.- Por si no bastara el demoledor impacto de la pandemia en la economía y la estabilidad familiar y nacional, el gobierno actual y su partido Morena asestarán esta semana un golpe devastador al sector energético que comprometerá no sólo la recuperación de la crisis sino el crecimiento nacional de los próximos años.

La aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, por parte de los diputados de Morena y aliados, pero con la firme oposición del PAN, provocará una serie de daños en cascada que afectan directamente al aparato productivo del país, incrementarán costos y tarifas eléctricas, pérdida de empleos, daños a la salud y el medio ambiente, así como litigios internacionales y constitucionales.

Así lo afirmó el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien agregó que la iniciativa preferente enviada por el presidente de la República generará múltiples descalabros como:

Una producción eléctrica cara y contaminante
Aumento en los costos de la energía que se pagará con mayores tarifas o elevados impuestos. Al final del mismo bolsillo de los contribuyentes.
La propuesta incorpora ventajas sólo en beneficio de la CFE y no a la industria eléctrica; está comprobado que la no competencia sólo genera incompetencia.
Incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, así como con el Acuerdo de Paris, entre otros.
No atiende las mejores prácticas internacionales de innovación y transparencia.
Violación de diferentes disposiciones constitucionales que motivaran la presentación de amparos y la obligación de indemnizaciones millonarias por incumplimientos de contratos.
Afectación de los permisos de autoabastecimiento.
Desplome de la inversión privada en el sector, lo que causará la pérdida de miles de empleos.
Todo esto generará un ambiente de incertidumbre jurídica en tanto se resuelven las demandas ante la autoridad judicial, ya que además se trata de un refrito de los acuerdos ya sancionados por la Suprema Corte de Justicia.

Estas afectaciones han sido denunciadas reiteradamente por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión de Energía, en la que participan Hernán Salinas, como secretario y Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Justino Arriaga Rojas, José Gómez Quej, Armando Tejeda y Alberto Ramos, siempre enfatizando que todas ellas derivan del trasnochado deseo del presidente de la República de regresar al modelo monopólico de la producción del Estado, sin importar costos, daños ambientales, económicos ni el estancamiento de la energía y la distribución de la energía eléctrica.

En la práctica es sabida la urgencia de Petróleos Mexicanos por colocar sus enormes excedentes de combustóleo que nadie le quiere comprar y que ahora serán canalizados a CFE para generar energía, aunque esto resulte mucho más caro, además de enormemente contaminante.

Mientras el mundo avanza hacia la innovación y las energías de fuentes limpias, hacia la prohibición de vehículos de combustión interna, hacia el uso de biocombustibles en el transporte aéreo, en México esta iniciativa pretende impulsar el uso de carbón o combustóleo en la generación de energía eléctrica.

Tal situación, dijo Romero Hicks, desplazando a los productores privados, sin importar que de acuerdo a información oficial de la Comisión Reguladora de Energía, en 2020 en promedio el costo total de la energía producida por las plantas de CFE fue 26 por ciento más cara que los Productores Independientes de Energía y 252 por ciento más elevada de la generación obtenida en subastas de largo plazo.

Para los legisladores de Acción Nacional la aprobación de la iniciativa Preferente, dará además un golpe demoledor a los Parlamentos Abiertos en los que participaron múltiples expertos en materia de energía, a quienes abiertamente no se les tomará en cuenta por la obediencia sumisa y vergonzosa al presidente –como auténticos subordinados–, de los diputados de Morena y aliados que no quieren cambiar ni una coma al proyecto enviado a San Lázaro.

Las justificaciones presentadas hasta ahora han contenido únicamente razones ideológicas y políticas sin sustento técnico, que invocan la soberanía energética, la independencia frente a las empresas norteamericanas y el fin de la corrupción y los contratos leoninos firmados en sexenios pasados para beneficiar a la empresa privada.

En los hechos todos estos argumentos resultan falsos y la realidad nos muestra que los altos niveles de inversión de las empresas privadas en los últimos años, así como la mejora al sistema eléctrico nacional son fundamentales para tener un mejor servicio, mejores tarifas, más empleos y más desarrollo.

El impacto ambiental y a la salud al volver a la producción con base en el carbón o el combustóleo resulta indefendible aquí y mucho menos a nivel internacional.

Que quede claro, en Acción Nacional, dijo Romero Hicks, queremos una CFE de vanguardia, competitiva y de clase mundial, pero no así. El monopolio no beneficiará a México. Nos llevará al Museo de Arqueología Política.

Esta semana pasará la iniciativa al Pleno de la Cámara de Diputados y ahí argumentaremos una vez más en favor de las familias mexicanas, de los consumidores nacionales, de la urgencia del aparato productivo de contar con energía limpia y barata y, sobre todo, de poner fin a la legislación por capricho, compromisos ideológicos u ocurrencias. El país no lo merece y la historia no los absolverá.