Ciudad de México a 1 de mayo de 2019.- La reforma constitucional en materia educativa no tiene como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y de la juventud ni garantiza su derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad; por el contrario, cede a presiones de los sindicatos, expresó la senadora Minerva Hernández Ramos.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (GPPAN) al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora destacó que son muchos los engaños y vicios que contiene la reforma constitucional en materia educativa.

Desde su origen, señaló, el Ejecutivo federal quiso “de un plumazo” borrar la autonomía de las universidades públicas del país, aunque después el presidente de la República diría que se trató de un error.

“Mucho después vendría esa aberración del orden constitucional y ese desdén por las facultades de este Congreso de la Unión, al que se le llamó “memorando” y en el que se conminó a secretarios de Estado para que, y cito, ‘…dejaran sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa…’”, resaltó.

Respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, destacó que en la modificación al artículo 3º constitucional se propone que sea en la legislación secundaria donde se definan los procesos de selección a los que concurrirá el personal que quiera participar en la admisión, promoción y reconocimiento, cuando lo apropiado es que el espíritu del legislador como Constituyente Permanente sea claro, sea prístino y que no quede lugar a dudas de que es la Constitución la que establece el marco de actuación en que deberán desarrollarse y detallarse estos procesos.

Asimismo, Hernández Ramos consideró grave que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) sea la primera institución a la que la Cuarta Transformación despoja de su autonomía constitucional.

“Es muestra de que el resto de los órganos constitucionales autónomos considerados por el presidente como ‘refugio de fifís’, ‘conservadores’ o de ‘opositores’, corren el peligro inminente de que sean degradados a una simple autonomía técnica y operativa, para mantenerlos bajo el dominio del Ejecutivo federal”, apuntó.

La también secretaria de la Comisión de Educación advirtió del riesgo de que el Estado mexicano ceda a las presiones políticas del sindicalismo educativo y se regrese al esquema de la venta de plazas o al control sindical de las mismas, al incluir el artículo 16 transitorio.

Además, reiteró la importancia de conocer el impacto presupuestal que tendrá la reforma educativa, pues el documento no se ocupa del federalismo educativo ni se centra en la desigualdad presupuestal de las entidades federativas, lo que por ende no garantiza la atención de los problemas que surgirán para solucionar el déficit financiero en cuanto al gasto en educación en los estados.

“Es indispensable conocer los alcances presupuestarios de esta reforma constitucional y es por tanto inadmisible que se pretenda votar favorablemente por algo que no sabemos cuánto costará al pueblo de México”, aseveró.

Señaló que de acuerdo con datos estadísticos de finanzas públicas que transparenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, se observa una baja en las aportaciones federales destinadas a la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, así como a la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA.

“Esta caída es producto de la menor recaudación que está obteniendo el Gobierno federal lo que, a su vez, es consecuencia de la desaceleración económica que se está advirtiendo y de las equivocadas decisiones presidenciales que han mermado la confianza de los inversionistas, y que han generado un clima de expectativa en el que se han contraído el gasto y la inversión”, mencionó.

Por ello, a nombre del GPPAN, hizo un llamado a la prudencia, a analizar con mucho más cuidado estos temas, que – dijo– son la razón del voto en contra de su partido, a pesar de los avances logrados por la oposición, relacionados con educación inicial, educación superior, educación especial, educación pluricultural y plurilingüe; la educación basada en un enfoque de derechos e igualdad sustantiva y el acceso a los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica.

“Eran temas que no fueron planteados por el Ejecutivo federal, sino que se trata de logros de la sociedad civil organizada, de la academia, de los profesores y de los legisladores de oposición, pues fueron ellos quienes en conjunto impulsaron y promovieron su importancia hasta quedar incluidos en el dictamen que hoy nos ocupa”, concluyó la senadora por el estado de Tlaxcala.