Juan Antonio García Villa.- De manera un tanto sorpresiva, el pasado 6 de julio la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo mediante el cual se convoca a una serie de “foros de Parlamento Abierto”. Estos, con motivo de la iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral, presentada por el presidente López Obrador. Además de sorpresivo, ese acuerdo ha pasado prácticamente inadvertido por los medios y en general, por la opinión pública.

En efecto, como quizás algunos recuerden, precisamente en la última sesión del anterior periodo ordinario del Congreso, efectuada el pasado 28 de abril, inexplicablemente AMLO envió dicha iniciativa de modificaciones a la Carta Magna. Inexplicable, porque seguramente el Presidente tiene pleno conocimiento de que los diputados de su partido Morena y sus aliados no suman las dos terceras partes del total de integrantes de la Cámara (les faltan poco más de medio centenar de legisladores) que se requiere para cualquier cambio a la Constitución.

Lo anterior, con motivo de que los grupos parlamentarios de oposición (PAN, PRI, PRD y hasta MC) han declarado su abierto desacuerdo con esa iniciativa presidencial. Básicamente porque su aprobación implicaría el regreso a los viejos tiempos, en los cuales los órganos electorales carecían de autonomía y en su funcionamiento estaban sometidos al control gubernamental, hoy de Morena, y el sistema en general estaba diseñado para que el partido del gobierno ganara siempre todas las elecciones, que es lo que parece que ahora se pretende de nuevo.

Ante ese panorama de improbable aprobación de ese proyecto y a la luz del desechamiento que el pasado 17 de abril tuvo en la Cámara de Diputados otra iniciativa constitucional, la presentada en materia eléctrica, también por López Obrador, se suponía con razonable seguridad que correría igual suerte esta nueva iniciativa presidencial.

Pero no, todo parece indicar que el oficialismo intentará hacer caminar ese proyecto considerado entre muerto y moribundo. Hay al menos tres datos que así lo señalan.

El más notorio es la feroz embestida en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, según parece en represalia por no haber aprobado él y su grupo el pasado mes de abril la reforma constitucional en materia eléctrica. Supuestamente asumió compromiso con Morena en tal sentido, que luego incumplió. Ahora, esta campaña contra el jefe del PRI tiene el propósito de alinear a los diputados de ese partido, o saben a qué se atienen. De tal manera que cuando en el nuevo periodo de sesiones del Congreso, que inicia en septiembre, la reforma electoral sea puesta a votación cuente con el apoyo de los legisladores del PRI.

El otro dato, igualmente ominoso, lo encontramos en la desfachatada respuesta dada a los reporteros la semana pasada, nada menos que por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando lo cuestionaron acerca de las medidas cautelares dictadas por el INE, con motivo de los actos de precampaña electoral en los que ha venido participando, dijo: “si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados”. Desaparición esta del INE que forma parte de la iniciativa presidencial de reforma constitucional, que se daba como un hecho que no sería aprobada.

El tercer dato es el citado al inicio de este texto. Se trata de la convocatoria a foros de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, según acuerdo dictado por la Jucopo el pasado 6 de julio.

No deja de llamar la atención que el grupo oficialista, por lo general negado a este tipo de ejercicios que son los foros, ahora, hasta donde se sabe, sin habérselos propuesto la oposición, por propia iniciativa Morena y sus aliados, los han convocado. Incluso con un extenso programa y tres distintas modalidades de foros, que serán en total 22, con varios temas, la verdad, algunos muy sospechosos.

Será necesario ocuparse de este asunto porque puede ser el preámbulo de una desafortunada reforma que se suponía descartada de antemano, de alta peligrosidad para la democracia mexicana. O bien, que en las próximas semanas se le utilizará como gran distractor, en lo que es especialista el Presidente.