Más que un rediseño, la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, significa un retroceso de dos siglos, al proponer volver al régimen centralista modificado en 1836; viola los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abre la puerta para una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

Al aseverar lo anterior, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), diputado Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que Morena, en su afán por cumplir promesas de campaña, de nuevo engaña a la ciudadanía al querer presentar leyes “innovadoras” y persiste con ocurrencias, sin importarle pasar por encima de la Constitución.

Tal es el caso de la figura de los “súper delegados”, anunciada durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que se propone incluir en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, pero que atenta contra la soberanía estatal y la autonomía municipal, principio consagrado en nuestra Carta Magna, destacó.

Los Estados pueden organizarse y limitarse en todo lo que se refiere a su régimen interior, respetando los lineamientos, principios, reglas y obligaciones que les impone el Pacto Federal, pero esto no significa que deban estar organizados y limitados por una voluntad diferente de modo absoluto; en la práctica se pretende una regresión autoritaria centralista, agregó Romero Hicks.

Así, la figura de los súper delegados constituye una herramienta del Ejecutivo de control y sometimiento político sobre los gobernadores y sobre los presidentes municipales, observó el coordinador de los diputados panistas.

Es inconstitucional, insistió, debido a que no se reconoce en nuestra Carta Magna y no tiene por qué existir en nuestra forma de gobierno una figura “intermedia” entre el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos estatales y municipales.

La imposición de esta ocurrencia implica centralización de facultades en una sola persona muy semejante a la República centralista, forma de gobierno superada desde el siglo XIX.

ALTO GRADO DE DISCRECIONALIDAD

Otras de las propuestas en la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias, –a excepción de la Secretarías de la Defensa y de Marina–, que serán reemplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados o removidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La virtual aprobación de la propuesta genera un amplio espacio de poder al titular de la SHCP, lo cual resulta riesgoso al no establecer parámetros de valoración para la designación de los titulares de dichas unidades y genera un alto grado de discrecionalidad en los nombramientos, advirtió Romero Hicks.

Ciudad de México.- La situación adquiere mayor relevancia, añadió, al preverse el ejercicio de sus atribuciones a partir del 1º de enero del 2019, con lo cual se harían responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas que sufren cambio de adscripción, como lo es, por ejemplo, el tema de seguridad.

Aunque la propuesta se justifica en la necesidad de erradicar la corrupción, nombrar directamente a los titulares de las unidades no garantiza, por si sola, un correcto ejercicio de recursos públicos, ni en las cuestiones de planeación, programación, presupuesto, informática, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos, pues estos temas deberán atenderse conforme a las necesidades que presente cada dependencia, aseveró Romero Hicks.

ATRIBUCIONES INCONSTITUCIONALES A LA SFP

En la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se otorgan atribuciones de fiscalización de recursos públicos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero esto implicaría una violación a la facultad de fiscalización que le otorga la constitución federal al Poder Legislativo Federal a través de la Auditoría Superior de la Federación, observó el coordinador de los diputados.

La iniciativa limita la actuación de la SFP con relación a su facultad de realizar auditorías, ya que señala que sólo lo hará en casos excepcionales, sin que se establezcan cuáles, ni los parámetros para realizar la valoración correspondiente.

Asimismo, elimina del ámbito de regulación y control de la SFP a la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, para evitar un vacío, es importante mantener la realización de auditorías y control interno a esta dependencia, mientras concluye el proceso legislativo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, momento en el cual ésta se convertirá en autónoma, señaló Romero Hicks.