El sarampión no es una enfermedad del pasado. Es una enfermedad del descuido.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el retroceso en coberturas de vacunación tras la pandemia por Covid-19 y la relajación de campañas han creado “bolsas de población susceptible” en varios países, el brote en México es más notorio y doloroso, porque por décadas nuestro país se había significado a nivel mundial comoejemplo en la materia.

Gracias a campañas sostenidas y coberturas superiores al 95%, el país logró eliminar la transmisión endémica del virus. Ese logro no fue casualidad: fue producto de una política pública constante, presupuesto suficiente y una red de vacunación territorial que funcionaba hasta en el último rincón de la patria.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen: una persona infectada puede contagiar a entre 12 y 18 más si no están inmunizadas. ¿Qué recomiendan los organismos internacionales y los especialistas serios? Tres cosas:

1. Verificar el esquema completo de vacunación SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Se requieren dos dosis para lograr protección óptima.

2. Aplicar refuerzos en personas sin registro confiable de vacunación.

3. Vacunar al personal de salud y a quienes estén en contacto con casos confirmados, independientemente de su edad, si no existe evidencia documental de inmunización.

Ahora bien, tradicionalmente se considera que quienes nacieron antes de 1957–1963 (según el país) pudieron haber adquirido inmunidad natural por exposición al virus. En México, el gobierno ha focalizado campañas en menores de 50 años. Pero varios especialistas han señalado que el corte etario rígido puede ser insuficiente.

La razón es técnica, no política: durante las décadas de transición de esquemas vacunales (finales de los sesenta y setenta), no todas las cohortes recibieron dos dosis, y los registros no siempre fueron completos. Por ello, muchos epidemiólogos sostienen que las personas nacidas a partir de finales de los años sesenta -es decir, quienes hoy tienen hasta 58 años-deberían revisar su cartilla y, en caso de duda, aplicarse la vacuna.

La SRP es segura y, salvo contraindicaciones médicas específicas, el refuerzo no representa riesgo significativo.

En otras palabras: ante la duda, se recomienda vacunar.

Transmitir esta información no es alarmismo; es responsabilidad cívica. La vacunación no es una decisión individual aislada. Es un pacto colectivo. Cuando las coberturas bajan, los primeros afectados son quienes no pueden vacunarse por razones médicas: personas inmunosuprimidas, bebés pequeños, pacientes oncológicos, mujeres embarazadas

La inmunidad de grupo no es un concepto abstracto; es una red de protección social.

Así, el debate sobre la política pública sanitaria inevitablemente nos conduce al terreno político.

Durante el sexenio de López Obrador, múltiples especialistas advirtieron sobre recortes presupuestales, debilitamiento y desmantelamiento de programas de vacunación. Hubo cambios en los mecanismos de compra, tensiones con proveedores y disminuciones notorias en coberturas que quedaron documentadas en informes técnicos y comparecencias legislativas.

En aquel momento, voces expertas alertaron que los efectos no serían inmediatos, pero sí acumulativos: los virus no desaparecen; esperan.

La pandemia de COVID-19 agravó el rezago, pero no lo originó. Cuando una política pública preventiva pierde prioridad, el daño no siempre se ve pronto. Se manifiesta años después, cuando una generación entera quedó parcialmente desprotegida.

No se trata de politizar el asunto -los virus no distinguen colores políticos- sino de recuperar coberturas, facilitar acceso gratuito y amplificar La información.

El gobierno debe ser profesional y transparente. Minimizar riesgos implicaría repetir errores.

Las políticas preventivas son invisibles cuando funcionan y patentes cuando fallan. Vacunar no genera aplausos fáciles; evitar brotes no da titulares en los periódicos, pero abandonar la disciplina técnica sí produce enfermedad y muerte.

En esta coyuntura, la mejor decisión individual es sencilla: revisar la cartilla, acudir a un centro de salud, aplicar la dosis si hay duda. Y la mejor exigencia colectiva también es clara: que la política pública vuelva a tomarse en serio aquello que nunca debió descuidarse.