El Gobierno del Estado optó, por la liberación de la caseta de peaje en Saucillo, hasta que se agotó la posibilidad de diálogo con los manifestantes que la mantenían tomada desde los últimos días de diciembre de 2015.

Previamente a la actuación policial, hubo mediación y negociación por distintos actores de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía General, quienes reiteraron siempre la posición del Gobierno del Estado de hacer frente común en contra del “gasolinazo” para no afectar a los propios ciudadanos con medidas que impactan en las finanzas públicas estatales, entregadas por la pasada administración en situación de bancarrota.

La toma de casetas ocasionó en general una pérdida de 62 millones de pesos a las finanzas públicas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, situación insostenible si se parte del déficit financiero heredado por 8 mil millones de pesos.

Esa cifra es superior incluso a todo el presupuesto anual del municipio de Saucillo (56 millones de pesos) en donde se localiza la caseta que en un principio fue tomada ante el reclamo del incremento al precio de las gasolinas, pero que después, obedeció más a intereses político-partidistas de grupos participantes en las protestas. También supera ampliamente el presupuesto anual de 25 millones de pesos del municipio de La Cruz, colindante con Saucillo.

Tal como lo declaró hoy el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, la Administración estatal reitera su posición en contra del “gasolinazo” y de respeto a las manifestaciones pacíficas que no afectan a terceros y se realizan en el marco de la ley.

“El Gobierno del Estado está enfocado en la solución a los efectos que el “gasolinazo” produjo en la economía de los sectores sociales, prueba de ello es que el gobernador Javier Corral asistió a una reunión de gobernadores de los estados del país, que se celebró en la Ciudad de México”, expresó Jáuregui.