Ciudad de México 11 de octubre de 2022.- El Grupo Parlamentario del PAN informó que 49 senadoras y senadores de distintos partidos políticos interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022, pues consideran que viola la Carta Magna al desplazar del ámbito civil al militar el control de la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa, expuso que en el escrito se establece además que dichas reformas desplazan a los miembros de la policía civil para que únicamente sea integrada por militares, además de habilitar a la Guardia Nacional para desplegarse en todo el territorio nacional pasando por alto las cláusulas de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, las legisladores y legisladores firmantes hacen un llamado respetuoso, pero firme, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan con celeridad esta Acción de Inconstitucionalidad.

La bancada panista recordó que, en 2019, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Guardia Nacional como un cuerpo policial a disposición de la Federación, estrictamente civil y adscrito a la SSPC y se fijaron como objetivos plantear un régimen extraordinario de transición que permitiera:

Regresar de manera ordenada a los militares a sus cuarteles (tal como prometió el Presidente López Obrador);
Otorgar la facultad transitoria al Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria -durante el estricto plazo de cinco años-;
Establecer un marco regulatorio a las Fuerzas Armadas durante esa etapa de transición;
Desarrollar y desplegar a la Guardia Nacional, al tiempo que se fortalecían las policías locales.
“Dado que el Gobierno Federal no ha cumplido, y que se están violando, una vez más, artículos de nuestra Carta Magna, es que presentamos la demanda de Acción de Inconstitucionalidad”, se señala, por lo que se pide atender las siguientes razones:

Primero. Viola el artículo 21 constitucional: Que tanto los elementos de la Guardia Nacional como su mando, sean civiles.

Segundo. El Decreto fue emitido excediendo las atribuciones del Congreso de la Unión por cuanto a los límites de configuración de la Administración Pública Federal centralizada.

Tercero. Viola el Régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional de 2019. El Régimen extraordinario de transición no puede convertirse en permanente.

Cuarto. Viola la garantía de salvaguarda federal, contenida en el artículo 119 constitucional, que señala que los Poderes de la Unión deberán proteger a las entidades federativas siempre que sean solicitados por la legislatura local o por el ejecutivo estatal.

Quinto. El Decreto constituye una suspensión de garantías sin haberse observado el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional.

Recordaron que desde la Constitución de 1857 y en la de 1917 se buscó separar al poder militar del poder civil en tiempos de paz, y alertaron que este decreto contiene reformas cuyo objetivo principal es desplazar al ámbito civil del control de la Guardia Nacional para ser entregado a la SEDENA.

“Desde hace dos décadas se ha dado la participación de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública, sin embargo, debemos establecer claramente que dicha participación otorgue certeza tanto a las autoridades militares, a las de seguridad pública, como a la población”, finalizaron.