En los calamitosos tiempos que corren, en menos de quince días se ha publicado en dos ocasiones y para conocimiento de todo el mundo un tremendo señalamiento hecho al gobierno mexicano nada menos que por el gobierno de Estados Unidos, el país más poderoso del planeta. Y aunque nadie aquí puede alegar ignorancia, a menos que pretenda autoengañarse, la verdad es que la denuncia no ha sido debidamente valorada por su verdadero calibre y alcance.

El pasado 20 de enero, al jurar como cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo en su discurso que ese día había firmado siete órdenes ejecutivas, que llamó “históricas”. En un pasaje de esa intervención, Trump expresó:

“Las órdenes que he firmado hoy también designarán a los cárteles [se estaba refiriendo a México] como organizaciones terroristas extranjeras… ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federal y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense”.

¿Cuál fue el efecto que esa declaración tuvo en México? Más allá del mero amarillismo, para fines prácticos, ninguno.

Bueno, pues doce días después, como parte de la amenaza de la inminente aplicación de un arancel generalizado de 25 por ciento a las exportaciones de México a Estados Unidos, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial, en el que se lee lo siguiente:

“Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza [del gobierno mexicano con el narcotráfico] pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”.

Para que nadie se engañe, por parte del gobierno norteamericano, se esté o no de acuerdo con este, los términos del problema están claramente planteados. ¿Y cómo ha reaccionado la presidenta Sheinbaum?

Un incidente, tal vez menor, describe bien su actitud. En el lapso que medió entre una y otra declaración, otro funcionario estadounidense manifestó que los cárteles mexicanos tienen bajo su control amplios territorios del país. Al respecto, la presidenta mexicana, suponiendo tonto al interlocutor y al gobierno que representa, salió con la broma de que se permitía informar a quien tal cosa afirmaba que en nuestro país “ya no gobiernan Calderón ni García Luna, sino el pueblo de México”. ¿Entenderá la presidenta que en asuntos de esta gravedad no se admiten burlas ni bromas?

Como seguramente sabe el lector, la amenaza de aplicar el arancel extraordinario a las exportaciones mexicanas, a propuesta de la propia Claudia Sheinbaum, como ella misma lo dijo, quedó en pausa durante un mes a partir del 3 de febrero. Según afirmó en la mañanera de ese día, quedará sujeta tal pausa a la revisión de “los resultados” que (en el combate al trasiego de fentanilo y otros temas) se vayan obteniendo.

Lo anterior significa, en buen castellano, que el país queda sujeto a que otro le revise los resultados que en tal o cual materia obtenga, para que ese tercero los califique si son buenos o mediocres y, en función de tal evaluación, decida lo que mejor le parezca.

Quienes se rasgan las vestiduras y se echan ceniza en la cabeza por la defensa a ultranza de lo que entienden por soberanía nacional, sería conveniente que nos explicaran con toda puntualidad cómo compaginan en este caso una y otra cosa. Gracias.

Publicado en El Financiero