Ciudad de México.- La senadora panista Martha Elena García Gómez solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinar recursos presupuestales suficientes para la atención integral de niñas, niños y adolescentes y protección de sus derechos humanos, establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Mediante un punto de acuerdo enlistado en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la legisladora por Nayarit pidió al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) informar sobre las acciones que ha llevado a cabo para promover el establecimiento de presupuestos públicos destinados con dicho propósito, así como las medidas implementadas para dar cumplimiento con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano, derivado de los informes cuarto y quinto periódicos consolidados de México, de junio de 2015.

Entre ellas, “la obligación de los Estados Partes para visibilizar a las niñas y los niños en los presupuestos” y dedicar especial atención a la asignación y el análisis de los recursos destinados a los infantes y adolescentes.

García Gómez propuso que la Comisión Permanente exhorte a las 32 entidades federativas a informar sobre las medidas han tomado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley General, en materia de presupuesto público destinado para niñas, niños y adolescentes.

La senadora panista precisó que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 en el país residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que representa el 32.8 por ciento de la población total en nuestro país.

“A partir de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hace unos años, hoy la niñez y la adolescencia en México cuentan con un marco jurídico fortalecido para la protección de sus derechos humanos”, remarcó.

No obstante, acotó, diversos compromisos adoptados por el Estado mexicano a partir de la Ley General no se han cumplido. En particular, resaltó, el tema presupuestal.

“Tanto las leyes como las políticas públicas con enfoque de derechos humanos requieren de presupuestos públicos que les permitan cumplir con el principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles”, puntualizó.

Para ello, continuó, es indispensable que los presupuestos se elaboren definiendo las directrices para el cumplimiento de los objetivos de gobierno.

García Gómez aseguró que si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria considera el financiamiento de acciones estratégicas que permitan cumplir con las metas de los distintos sectores, entre ellos la atención de niñas, niños y adolescentes, algunos datos reflejan la insuficiencia del presupuesto público destinado para la niñez y la adolescencia en nuestro país.

En ese sentido, señaló que de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia de 2014, 4 de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años de 47 ciudades de México, fueron víctimas de delito o maltrato ; en 2015, la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años fue de 4.3 por cada 100 mil, mientras que en las niñas fue de 3.2, y, en 2016, 8 de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajaban y 53.3 por ciento, además de trabajar, estudiaban y efectuaban quehaceres domésticos.

Por ello, dijo, es necesario que los presupuestos públicos consideren los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido en beneficio de los infantes y adolescentes de México.