Ciudad de México, a 4 de mayo de 2020.-El pasado miércoles 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” en donde señala que la epidemia ha ocasionado una reducción en el consumo de energía eléctrica en el país y argumenta que las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad, la calidad y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Debido a eso, suspenden a partir del 03 de mayo, todas las pruebas pre-operativas de centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.

Ante ello, la Diputada Silvia Garza condenó la medida por ser una argumentación en contra de las energías renovables, a pesar del potencial que el país tiene para su aprovechamiento y a pesar de que existen soluciones técnicas y tecnología a las cuales México tiene acceso para atender aquello que argumentan es una debilidad de las energías limpias.

La diputada Garza señaló que “En la práctica, con la publicación del acuerdo y de las acciones y estrategia que ahí señalan, el CENACE da prioridad a las centrales térmicas, a base de combustibles fósiles, por encimas de la energía limpia. Priorizan la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero por encima del deber constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano”.

De manera enérgica, la Diputada Garza señaló que “Somos el único país con un marco legal que permite y promueve el uso de energías renovables, con metas para incorporación de energía limpia y reducción de emisiones, y donde las propias instituciones de gobierno deciden, de manera clara, faltar al mandato del artículo 4º constitucional que establece que corresponde al Estado garantizarle a todos los ciudadanos, que se respete el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano.

Ahí mismo se señala que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley”. De igual forma añadió que “La argumentación del CENACE es selectiva, desatiende también la finalidad de la Ley de Industria Eléctrica que es la que utilizan como base para su Acuerdo. Se centran solamente en la primera parte del Artículo 1º de la LIE, pero ignoran que dicha ley también tiene como finalidad el cumplimiento de las obligaciones de energías limpias y de reducción de emisiones”.

En su artículo 1º, la Ley de Industria Eléctrica establece que su finalidad es “promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes”.

Adicionalmente, la Ley de Transición Energética señala como meta una participación mínima de energías limpias del 30% en la generación eléctrica al 2021 y de 35% al 2024, mientras que la Ley General de Cambio Climático obliga a que la generación eléctrica reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en 31% al 2030 respecto al escenario tendencial.