La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión encargado de la revisión de la Cuenta Pública anual, ya ha hecho llegar a la mencionada Cámara y a la vez publicado 487 informes, en los que ha dado cuenta de lo encontrado al llevar a cabo la revisión de la Cuenta correspondiente a 2019, es decir, la del ejercicio anterior. En el entendido de que aún faltan los informes de otras 793 auditorías.

Tiene de plazo la ASF, por así señalarlo la Constitución, hasta el próximo 20 de febrero para someter al Pleno de la Cámara el “informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública” de 2019.

Por lo pronto, el pasado 31 de octubre la ASF hizo entrega a la Cámara –como ya se dijo– de 487 “informes individuales”. Entre éstos el que se identifica con el número 2019-A-05000-19-0649-2020, que corresponde a una auditoría practicada “a los recursos federales durante el ejercicio fiscal 2019, por concepto del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud [FASSA] en el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, (que) fueron por 2,010.6 millones de pesos, de los cuales se revisó (por la propia ASF) una muestra de 1,784.3 millones de pesos, que representó el 88.7%”.

Entre otras irregularidades encontradas, la ASF señala en su informe la siguiente: “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 367 millones 340 mil pesos, más los rendimientos financieros desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a cuentas bancarias pagadoras en donde se manejan recursos de otros fondos y programas con objetivos distintos…”.

También se señala otro probable daño o perjuicio a la hacienda federal por un monto que, por lo pronto, asciende a un millón 229 mil pesos, consecuencia de haber pagado a 12 trabajadores (no se indica en el Informe quiénes son) “por concepto de estímulos al personal” sin estar esto debidamente justificado.

En el mismo informe la ASF indica que el Gobierno de Coahuila, requerido sobre el punto y antes de la elaboración de aquél, trató de dar una explicación, pero ésta no resultó convincente. El Informe dice así:

“En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada (es decir, el gobierno de Coahuila) remitió oficio número 1.5.-0547/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado (el gobierno de Coahuila), se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.

“En conclusión –dice en su informe la ASF–, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo (FASSA), apegada a la normatividad que regula su ejercicio”.

Como bien se sabe, el actual Gobierno Federal ha adoptado la política de disminuir drásticamente, y en algunos casos hasta suprimir, los recursos que anualmente destina a los distintos fondos de aportaciones cuyo manejo deja en manos de los gobiernos locales, como es el caso que nos ocupa. El Gobernador de Coahuila ha protestado por la adopción de esta política. Pero con situaciones como la aquí descrita lo único que hace es dar argumento al Gobierno Federal para que continúe con dicha política.

Pues bien, en la sesión del Congreso local efectuada el 18 de noviembre presenté un punto de acuerdo a fin de que la Legislatura solicitara de inmediato al gobernador, Miguel Riquelme, un informe detallado y preciso sobre este asunto. Por 12 votos contra 13 no se aprobó. Apoyaron la posición priista en contra las diputadas de Morena y del PRD y el diputado “independiente” por el distrito de San Pedro.

En la sesión de ese mismo día, la diputada María Eugenia Cázares, de Acción Nacional, presentó otro punto de acuerdo. Fue para proponer se solicitara a la Secretaría de Finanzas un informe acerca de por qué razón tiene un rezago de más de mil millones de pesos de impuestos federales retenidos y que ha dejado de enterar al SAT, según se consigna en sus propios estados contables. También por un voto de diferencia, digamos que el de la diputada de Morena, la propuesta de la diputada Cázares corrió la misma suerte del punto de acuerdo que yo presenté.