Se han recibido comentarios acerca de que han faltado en estas columnas más ideas constructivas para lograr un mejor gobierno, ante lo cual, tal vez convenga replantear algunas ideas y mecanismos implementados en sexenios anteriores, algunos de los cuales han sido ignorados o destruidos por el gobierno actual. Es necesario mejorar la operación y eficiencia del gobierno, sobre todo en busca de controlar la corrupción, el exceso normativo y de tramitología que retrasan y hacen inoperantes las funciones gubernamentales, así como la evaluación de los impactos en la sociedad y en la economía, que tienen o han tenido las políticas y programas públicos.

Muchas de las siguientes ideas no son de grandes resultados, pues son de aplicación interna que a veces pasan desapercibidas por la ciudadanía, sobre todo cuando ya se tienen, pero precisamente cuando faltan es cuando se presentan las quejas de los ciudadanos.

1. La contabilidad gubernamental es un buen ejemplo, recurso que es imprescindible para el control de la corrupción y para armonizar la información presupuestal de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación promovieron e impulsaron la implementación de una sola contabilidad en todo el gobierno, pues anteriormente y me temo que también actualmente, cada gobierno estatal y cada gobierno municipal llevan sus cuentas como creen conveniente y suficiente por lo que, cuando se quiere conocer el ejercicio presupuestal y las cuentas públicas, simplemente es imposible comparar importes registrados bajo principios diferentes; con este desorden es muy fácil ocultar fraudes, ineficiencias y mal uso del presupuesto; igualmente se dificulta la transparencia y la rendición de cuentas, para lo que se requieren informes contables y cuentas públicas armonizadas para entender y evaluar mejor el uso de los recursos públicos y los tribunales podrán informarse mejor para aplicar la jurisprudencia en caso de corrupción o ineficiencia de los funcionarios públicos. Todo lo anterior es indispensable para la confianza en el gobierno.

2. Durante el régimen de Felipe Calderón se llevó a cabo un proceso de simplificación administrativa, pues de acuerdo con un inventario de normas y trámites que se realizó, se encontró que había más de 35 mil normas, reglamentos, oficios y “decisiones” administrativas que ocasionaban confusión no sólo en los ciudadanos sino también en los funcionarios, pues muchas de esas normas eran innecesarias, duplicadas, contradictorias o de imposible aplicación. Según dicho análisis fue posible eliminar alrededor de 17 mil de esas normas y trámites, casi el 50%, y se sistematizó el contenido de las que quedaron en manuales digitalizados, con todo lo cual fue posible facilitar las actividades de los funcionarios públicos en beneficio de los ciudadanos; como ejemplo de esto, la expedición de los pasaportes para viajar al extranjero que anteriormente se tardaba hasta 30 días para entregarlos, una vez simplificados los trámites se podían entregar en 48 horas. Esta mejora regulatoria fue poco conocida porque las medidas de eficiencia se reconocen como una obligación del gobierno y sólo hay quejas cuando no se tienen, pero así es como debe de ser.

3. Otra función de la que se encargó la Secretaría de la Función Pública fue la del seguimiento en la aplicación de los programas de gobierno y su impacto en la vida de los ciudadanos. Se evaluaron programas como el de la reforestación y siembra de árboles; el de asistencia y mejora de las comunidades indígenas o el de atención a los cien municipios más pobres de México. Estos tres programas fueron evaluados por la Secretaría de la Función Pública; en todos ellos se observó su correcta aplicación y gasto presupuestario; por ejemplo, se distribuyeron varios millones de árboles, pero no se evaluó cuántos se quedaron en las casas de los campesinos sin sembrar, ni cuántos se secaron por falta de cuidados y finalmente cuántos se lograron, es decir, no se evaluó el impacto social de ese programa, ni se evaluó el impacto económico para los campesinos a quienes se encargó la siembra de los árboles.
Actualmente está sucediendo que el Presidente ordena se haga algo pero se desconoce si realmente se hizo y con qué resultados, por lo que la eficiencia del gobierno es deplorable, con exceso de trámites, lentitud en los procedimientos y quejas constantes de corrupción en ventanilla.