“La Tecnología debe cerrar brechas, no abrirlas” Ayoade Alakija

La pandemia por COVID-19 fue más que una crisis sanitaria, significó un punto de inflexión para la atención médica global. Mientras la mayoría de los países aceleraron la transformación digital de sus sistemas de salud, en México, la respuesta del gobierno federal —en particular durante el sexenio de la llamada Cuarta Transformación— fue, en el mejor de los casos, tibia, y en el peor, un rezago consciente. Hoy, en el marco de nuestra presentación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de telemedicina, es momento de hacer historia y, sobre todo, promover un diálogo urgente entre la comunidad médica, legislativa y la sociedad en general.

A raíz de la emergencia sanitaria, la telemedicina emergió como una herramienta esencial para garantizar la continuidad de la atención, mejorar la equidad, reducir costes y salvar vidas —especialmente en poblaciones alejadas o vulnerables. Países como Brasil y Chile experimentaron incrementos exponenciales en el uso de la telemedicina, y en México hubo avances aislados —por esfuerzos estatales o privados— ante la falta de una política federal clara. La Organización Mundial de la Salud ha resaltado desde 2019 la importancia clave de las tecnologías digitales en el logro de la cobertura sanitaria universal.

Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio federal en México perpetuó desigualdades. El gobierno federal anunció una “transformación digital” que, tras años de discurso, no se tradujo en políticas ni normativas, manteniendo a millones de personas fuera de los beneficios de la salud digital.

Las plataformas digitales pueden ofrecer diagnósticos, seguimiento y prevención a distancia, rompiendo barreras geográficas, sociales y económicas. Sin embargo, en nuestro país, ni pacientes ni prestadores contaban con reglas claras. Faltaba certeza jurídica para derechos, obligaciones, manejo de datos personales, responsabilidad profesional, calidad y certificación de plataformas.

Un estudio reciente (2025) de la literatura científica en PubMed (telemedicina y México) demuestra cómo la telemedicina ha mejorado la continuidad del tratamiento en enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, siendo incluso más efectiva que la consulta presencial en el control y adherencia terapéutica, todo ello con alta aceptación del modelo híbrido entre usuarios. No obstante, los mismos estudios destacan la fragmentación y desigualdades que crecen sin una regulación robusta.

La iniciativa que presenté junto mi grupo parlamentario este 30 de julio de 2025 —producto de años de debate académico, experiencias internacionales y reclamos sociales— propone reformas precisas a la Ley General de Salud, entre las que destaco: Reconocer a la telemedicina como parte integral de la atencón médica; garantizar el derecho igualitario de acceso a tecnologías de salud; eliminar la dependencia geográfica y las brechas tecnológicas, llevando atención médica a la puerta de cada mexicano; regular la protección de datos personales sensibles, asegurando confidencialidad y seguridad; definir la responsabilidad profesional y fortalecer la capacitación de los médicos en el uso de estas herramientas; no sustituir lo presencial, sino consolidar un modelo complementario, donde el paciente puede optar siempre por atención física, establecer lineamientos de calidad y certificación obligatorios tanto para instituciones públicas como privadas; registrar digitalmente las intervenciones y consentimiento informado, incluso con validez digital; obligar a la Secretaría de Salud a emitir lineamientos y crear mecanismos de evaluación y registro para prestadores del servicio y; priorizar la formación continua, asegurando actualización permanente del personal médico para entender alcances y limitaciones de la telemedicina.

Durante años, la retórica oficial habló de innovación y universalidad, pero la realidad fue el abandono de intentos previos como la Ley de Salud Digital en 2021 y la carencia de presupuestos y hojas de ruta claras. En vez de liderar regionalmente la salud digital, México fue espectador de avances de sus vecinos e incluso repitió el grave error de mantener la inequidad digital, especialmente en zonas rurales y marginadas. La ciudadanía paga el precio en desplazamientos innecesarios, filas, falta de seguimiento y exposición a fraudes digitales sin protección.

Esta iniciativa implica abrir los ojos frente a una inequidad estructural y busca promover el diálogo sustentado en evidencia científica y compromiso social, estando cierto que la telemedicina sí funciona, cuando la regulación es clara y la equidad en salud es prioridad. Espero apertura de los legisladores oficialistas para su aprobación en la Cámara de Diputados. Les mantendré informados estimados lectores.