Marcos Pérez Esquer.- Habida cuenta lo que ha venido sucediendo en nuestro país con la violencia desatada por los cárteles de la droga, y particularmente con lo que ha estado ocurriendo recientemente en que han echado mano de artefactos explosivos para atacar policías, tendríamos que concluir que efectivamente existe terrorismo en México. Insisto, desde esta lógica, la respuesta a esa pregunta es obvia, y solo conduce a un contundente sí, sí hay terrorismo en nuestro país.

De hecho, el artículo 139 del Código Penal Federal lo contempla como el delito que comete “quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”

A la luz de esa tipificación penal, no cabe duda que la violencia desplegada por los grupos criminales, mediante la cual mandan mensajes a la autoridad y a los grupos rivales para que no se metan con ellos, y que incluyen decapitaciones en video, personas disueltas en ácido, cuerpos descuartizados y abandonados en carreteras o frente a ayuntamientos, son actos que pretenden atemorizar a la población, a los cárteles adversarios, e incluso al gobierno, para que se les deje hacer y deshacer, constituyen terrorismo. La crueldad que imprimen tienen el objetivo de enviar ese mensaje: quién se meta con nosotros, sabe a qué se atiene.

El delito de terrorismo se actualiza al atentar contra la vida de las personas para causar terror, presionar a la autoridad y obligar a las bandas rivales a dejar sus plazas.

Cuando en el contexto de todo esto, se suma la colocación de coches bomba para atacar a policías, como ha ocurrido recientemente en Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Michoacán, menos duda cabe de que estamos en un ambiente terrorista. Máxime cuando trasciende que esos coches bomba han sido parte de la “asesoría” recibida por los cárteles mexicanos por parte de las FARC colombianas.

El gobierno mexicano empero, es renuente a aceptar que toda esta violencia constituye terrorismo. Su renuencia no deriva solamente del impacto negativo que en su imagen generaría ello ante la opinión pública, no, hay razones de mayor peso.

A nivel internacional se considera que el terrorismo no se limita a esparcir terror para lograr un objetivo, sino que se lleve a cabo por una motivación política, y sucede que los cárteles no tienen una ideología, no tienen un objetivo político, solo quieren ganar dinero.

Aceptar que son grupos terroristas implicaría por ejemplo, que Estados Unidos los declare como tales, y que por lo tanto, pueda tomar una serie de decisiones que no son necesariamente las más aconsejables, como realizar incursiones de combate en nuestro territorio, lo que violaría nuestra soberanía nacional; pero más probablemente otras acciones como intervenir comunicaciones, equipos de cómputo o realizar cateos sin orden judicial, incluso para perseguir a cualquier persona que tenga relación con estos grupos, como un drogadicto que les compra estupefacientes para su propio consumo, por ejemplo, o alguien que les preste asesoría, como un abogado, o les venda un auto, una casa, o cualquier otra cosa.

Todas estas personas, serían consideradas parte del grupo terrorista, y podrían ser sujetas a decenas de años de prisión, a incautación de bienes, a congelación de cuentas, a la denegación de visas, etc. Es decir, a partir de que el Departamento de Estado o la Oficina de Control de Activos Extranjeros, declarase a los cárteles como grupos terroristas, entraría en operación lo que se conoce como el “derecho del enemigo”, que en realidad no es derecho, es más bien todo lo contrario, es la suspensión del derecho.

Así, en México estamos ante un dilema: en términos de nuestras leyes, estos actos de violencia brutal sin duda alguna constituyen terrorismo, pero, en términos del derecho internacional, pareciera que no conviene reconocerlo así. Que se les siga imputando por delitos contra la salud, por lavado de dinero, por delincuencia organizada, por homicidio, etc., pero no por terrorismo, esa parece ser la subrepticia decisión.