Ciudad de México, 15 de octubre de 2019.- En una sesión donde la necedad privó por encima de la razón, la Cámara de Diputados aprobó una serie de cambios legales para sancionar la facturación falsa que, más allá de inhibir la condenable evasión tributaria, provocará conflictividad social y, sobre todo, inhibirá el crecimiento económico y la confianza en el país.

Así lo expresaron los diputados del Partido Acción Nacional al participar en la discusión del paquete legal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Antes de entrar al fondo del paquete legislativo, el diputado José Luis Preciado Rodríguez había solicitado una Moción Suspensiva por considerar que la mayoría ni siquiera leyó los dictámenes propuestos y muy pocos los entienden. Sin embargo, la propuesta no prosperó por el voto mayoritario del partido Morena y sus aliados.

En su turno, la diputada Patricia Terrazas Baca, Presidenta de la Comisión de Hacienda, cuestionó que, si las autoridades hacendarias han presumido la existencia de 11 mil factureros en el país, ¿qué han hecho contra ellos? ¿Por qué les siguen protegiendo? ¿Por qué con estas propuestas se les tiende el manto de impunidad?

Aseguró que, con el pretexto de ir contra la expedición de facturas falsas, las autoridades intervendrán comunicaciones antes de que se cometan los delitos, adicionalmente podrán llevar información al seno del Consejo Nacional de Seguridad Nacional dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales por considerar conductas que puedan configurarse en delito y puede haber prisión preventiva oficiosa; en suma, se encamina el país hacia un endurecimiento procesal.

“Cualquier contribuyente podrá ser víctima de la aplicación de técnicas de investigación altamente intrusivas al derecho de privacidad como son la intervención de comunicaciones, en telefonía, en mensajería, en correos electrónicos; agentes encubiertos y testigos colaboradores, delatores o protegidos”, precisó.

NO DISTINGUE CONTRIBUYENTES DE DELINCUENTES

Por su parte, el diputado Marco Antonio Adame Castillo motivó su posicionamiento en contra de la propuesta porque si bien el país tiene una grave situación fiscal, toda vez que los ingresos generales del país respecto al Producto Interno Bruto apenas alcanzan el 23.7 por ciento, la propuesta no distingue entre contribuyentes y delincuentes y eso es muy grave cuando se trata de definir una política pública.

Indicó que en el combate del grave problema de la defraudación fiscal, la dañina práctica de compra y venta de facturas falsas, ya existen herramientas jurídicas apropiadas para combatirlas, por lo que la propuesta atenta contra la justicia tributaria y el espíritu constitucional de avanzar en la consolidación de mecanismos alternos de solución de controversias.

La diputada Silvia Garza Galván expuso que Acción Nacional no está en contra de la recaudación hacendaria, sin embargo, lo que se presenta como delitos presumen actos dolosos sin juicios previos.

Además, se liga la presunción de delitos con las posibilidades de confiscación de bienes, también sin juicio. Se violan las garantías bajo la óptica de presumir primero que se es culpable y no al contrario: ser inocente. Se vincula los actos de presunción de delito fiscal con el de confiscación de bienes mismos que no pueden devolverse de encontrarse de inocente al inculpado.

“Es dar a las autoridades discrecionalidad sobre bienes y patrimonio sin previo juicio y a la voluntad de los funcionarios no regidos bajo una ley precisa. La discrecionalidad es un acto corrupto que pretende sustituir a otro “, subrayó.

A su vez, el diputado José Elías Lixa Abimerhi adelantó que con esta modificación no habrá recuperación de dinero para la Hacienda Pública, sino que se va a caer más la economía; en un año vamos a estar viendo que la recaudación es inferior por una reforma malhecha.

Es increíble, dijo, que hasta en una reforma de esta envergadura estén predominando las mediocridades y adelantó que se interpondrán amparos.

En su intervención la diputada Pilar Ortega Martínez aseguró que el PAN no acompañará este desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho y esta afrenta a los principios de nuestro Sistema Penal Acusatorio. “No podremos ser cómplices del atropello que significa vulnerar la seguridad jurídica de las y los mexicanos, y la formalización de la falta de certeza que puede y de hecho ha empezado a espantar a las inversiones en nuestro país”, añadió.