El pasado 10 de septiembre, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, por el abuso del que fue objeto por parte de la policía municipal de su natal Hermosillo.

La noche del pasado viernes 9 de septiembre, el dirigente panista se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo SUV, marca Cherokee, color blanco, conducido por su chofer, Alfredo García Vicencio, cuando fue interceptado sobre el Bulevar Colosio, casi al cruce con Av. Domingo Olivares, por la patrulla 8275 tripulada por el oficial D. Armenta, con número de placa 8275. Al acreditar la identidad de Zepeda Vidales, y con el argumento de “verse sospechosos”, fue objeto de abusos y jaloneos violentos por parte de los oficiales, quienes al percatarse que Damián intentaba grabar lo sucedido lo despojaron a la fuerza de su teléfono celular y privaron de su libertad durante más de una hora.

Ese día, en menos de tres minutos, y en un evidente interés de golpeteo político, llegaron al lugar seis patrullas y por lo menos 10 elementos policiacos más, buscando intimidar al funcionario panista amenazando con mediatizar el tema, y en medio de jaloneos violentos pretender obligarlo a descender de su vehículo, en el que viajaba como copiloto, para evidentemente tratar de desprestigiarlo.

Después de su detención injustificada, Zepeda Vidales fue liberado sin sanción alguna, y al chofer se le levantó una infracción de tránsito por “circular faltando una o varias luces reglamentarias y conducir a velocidad mayor de la autorizada”, lo cual es absolutamente falso, como también lo es que sea legal que remitan a los ocupantes del vehículo a la comandancia cuando se cuentan con todos los papeles en regla, especialmente a un copiloto que no venía manejando.

A raíz de lo anterior, un día después del abuso, el 10 de septiembre de 2016, se presentó denuncia contra los oficiales y el Director de Tránsito en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adicionalmente se exhorta al Gobierno Municipal a que realice una investigación y deslinde responsabilidades, para lo cual se pone a su disposición todas las evidencias que se tienen.