Esther Quintana.- La desaparición del INE atenta contra la incipiente democracia que tenemos en este país, sí, INCIPIENTE, porque todavía tenemos mucho camino que recorrer para que se instale a plenitud, y no únicamente como forma de gobierno, sino de vida, como se prescribe en la Constitución de la República. Es verdaderamente indignante lo que pretende López Obrador con la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para borrar al órgano que organiza las elecciones en México. Por décadas el propio gobierno fue juez y parte en la organización de las elecciones, con diferentes nombres el órgano electoral.

• En 1917: Junta Empadronadora.
• En 1947: Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1951: Comisión Federal de Vigilancia. En 1973: Comisión Federal de Vigilancia.
• En 1977 se expide la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) y se permite el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas “no incluidas” y propiciar su representación en los órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones. Se conformaba por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.
• En 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. Finalmente,
• en 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Con un Consejo General integrado entonces por un presidente, que era el secretario de Gobernación, seis consejeros magistrados sin filiación partidista y una preparación académica calificada, propuestos por el Presidente de la República y aprobadas dos terceras partes de la Cámara de Diputados, entre otros. Va a ser hasta 1996 cuando con una nueva reforma electoral se refuerza la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.

El nuevo artículo 41 de la Constitución fue contundente: “La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley”. Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por: El Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto), ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto), un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz), consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz), representantes de cada partido político con registro (sólo con derecho a voz). Ciudadanizar el órgano electoral era una de las aspiraciones más importantes de la oposición, Acción Nacional luchó para que esto sucediera por años, finalmente cristalizó. Gracias a esta reforma, los consejeros ciudadanos contaron con la mayoría de votos en el Consejo General del IFE y con ello su influencia dentro de él, así como en la toma de decisiones de los órganos de dirección.

El IFE llegó a fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales, a regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, a promover la participación ciudadana en las elecciones, a asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, a transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, a crear la Contraloría General del IFE con un titular designado por la Cámara de Diputados, así como a la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de un funcionario designado por el Consejo General.

El 10 de febrero de 2014 con una nueva reforma electoral, de la que esta servidora fue parte en mi carácter de diputada de la LXII Legislatura, se rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, en una labor de coordinación, con facultades expresas en ese sentido. Hoy son 11 consejeros ciudadanos los que conforman el Consejo General del INE.

Esto y mucho más quiere destrozar el presidente López Obrador. No les perdone a los legisladores que voten a favor de semejante ruindad. Cóbreles el daño de su valemadrismo con sus representados, en las urnas, a ellos y a los partidos que los avalaron para llegar al cargo. No se olvide que son sus empleados a sueldo y temporales y a quienes deben rendir cuentas es a los dueños del país: O sea a los mexicanos.