Una reforma electoral ambiciosa, pero insensata e inviable
Marcos Pérez Esquer.- Para no perder esa bonita costumbre, la presidencia de la República salió esta semana con una nueva ocurrencia para generar una nueva cortina de humo.
Como si el país no tuviera problemas gravísimos en qué ocuparse, el Ejecutivo decide voltear hacia otra parte y entrarle a otro tema que hoy por hoy tiene nula viabilidad: una ambiciosa e insensata reforma electoral.
El planteamiento es ambicioso porque pretende modificar cuestiones de fondo tales como centralizar en absoluto todo el modelo electoral, eliminando no solo a las autoridades electorales conocidas como OPLEs, sino también los tribunales electorales locales, e incluso las leyes electorales locales. La propuesta es tan centralista que sería el sueño dorado de Antonio López de Santa Anna, y la pesadilla de Ramos Arizpe, Mariano Otero, Benito Juárez y Venustiano Carranza. No conforme con esto, además se entromete con las legislaturas locales y hasta con los ayuntamientos, al establecer el tamaño máximo que puede tener un Congreso estatal, y la cantidad máxima de regidurías que puede tener un Ayuntamiento, agregando por si algo faltara, que ninguna persona servidora pública municipal podrá tener un sueldo mayor al de una regiduría. Yo nomás quisiera saber cómo le harían aquellos Municipios que le asignan un sueldo meramente simbólico, o nulo, a las y los Regidores; o incluso qué harán aquellos -que son la gran mayoría- donde la presidencia municipal tiene un sueldo sustancialmente mayor a del resto del cuerpo edilicio; creo que en vez de corregir algo, se crearía un problema donde hoy no lo hay; con tal de no reducir sueldos, le asignarían a las y los Regidores sueldos equivalentes al que hoy tiene la presidencia municipal con lo que terminarían incrementando sustancialmente el gasto en servicios personales.
Pero el centralismo de la propuesta no es la única insensatez. La otra es la de eliminar por completo las diputaciones (tanto federales como locales) y senadurías de mayoría relativa, y sus correspondientes distritos electorales, para que en adelante, ya toda y todo legislador sea plurinominal. Así como lo oye, lejos de eliminar los plurinominales como se dijo en la correspondiente “mañanera”, el presidente López Obrador está proponiendo lo contrario, eliminar a los de mayoría para que ya solo haya plurinominales, también llamados “de lista”.
Pero además, con una trampa de por medio para beneficiar a Morena: establecer listas estatales, y por lo tanto muy cortas, que distorsionan la representatividad beneficiando a los partidos grandes en detrimento de los emergentes.
De hecho, como en los 32 Estados la lista para elegir al Senado sería de solo 3 integrantes, esa cámara quedaría siempre muy distorsionada. Déjeme ponerle un ejemplo: Imaginemos un Estado donde se van a elegir las 3 senadurías, y el partido “A” obtiene el 50% de los votos, el partido “B” el 25%, el partido “C” el 15%, y el partido “D” el 10%. Con el modelo de cociente natural y resto mayor, el partido “A” obtendría 2 de las 3 senadurías, es decir el 67% de la representación (cuando solo obtuvo el 50% de los votos), y el partido “B” obtendría 1 senaduría, es decir el 33% de la representación (cuando solo obtuvo el 25% de los votos), mientras que los partidos “C” y “D” se quedarían sin nada, cuando representan a 1 de cada 4 personas electoras. Resultado: una pésima integración.
Además, la propuesta implica eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos, e incrementar el financiamiento público de campaña. Esta es una propuesta que puede resultar muy popular, pero es un error. Los partidos tienen una labor importante de articulación de la participación ciudadana en la vida pública más allá de las elecciones, y para ello necesitan recursos. Negar esos recursos incentiva la incursión de dinero sucio a la política (aún más de lo que ya sucede), proveniente de intereses empresariales oscuros, de peculado, y en el peor de los casos, del crimen organizado. La incursión del crimen organizado en la política es hoy más evidente que nunca, y va en ascenso; es a ese crimen organizado al que más se beneficiaría hoy con esa medida. Creo que en efecto hay margen para revisar a la baja el financiamiento público, pero debe hacerse con mucho cuidado, porque el tiro bien puede salir por la culata.
La iniciativa incluye además otras propuestas menos importantes, que ya habrá ocasión para comentar, pero lo bueno de todo esto es que el oficialismo no tiene las dos terceras partes de los votos que se requieren en el Congreso para aprobar la iniciativa, por eso además de ambiciosa e insensata, la propuesta es inviable.