La democracia y el parlamentarismo mexicanos han vivido uno de los capítulos más sucios de la historia moderna. La reforma judicial puede ser el último clavo en el ataúd de la república. Y tuvo lugar a partir del proceso legislativo más desaseado que sea posible imaginar; más desaseado incluso que aquel tristemente célebre “viernes negro” del 28 de abril de 2023 en el que Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas sin siquiera conocer los dictámenes.

En esta ocasión, el cochinero comenzó con la sobrerrepresentación avalada por el tribunal electoral que en una interpretación limitada (por decir lo menos) de la Constitución, permitió que una fuerza política que obtuvo el 54% de los votos, se quedara con el 73% de las curules en San Lázaro. Este primer paso se dio en medio de presiones enormes, y mediante una componenda: si el tribunal electoral validaba la sobrerrepresentación, la reforma judicial sería aprobada en el Congreso, y ahí estaba la manzana envenenada, porque los transitorios de esa reforma incluían una extensión en la gestión de las y los magistrados del tribunal por dos años más, y la posibilidad de convertirse en ministros de la Suprema Corte.

Pues bien, con esa súper mayoría, el asunto fue abordado en la Cámara de Diputados, pero había un problema de origen. Para retomar un dictamen proveniente de la legislatura anterior, es preciso que el mismo ya haya sido publicado durante esa legislatura, cosa que no ocurrió, de hecho, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que ordena su declaratoria de publicidad el 1º de septiembre, ya iniciada la nueva legislatura. Es decir, lo que procedía era desecharla y presentar una nueva iniciativa.

Pero no solo eso, más grave aún fue el hecho de que la Cámara de Diputados ignorara tres órdenes de suspensión dictadas por dos juzgados federales, que instruían frenar el proceso legislativo por violaciones a derechos humanos. Como si fuesen dioses, los diputados de Morena dijeron no estar sujetos a estas resoluciones judiciales, es decir, se colocaron por encima de la ley. Lo cierto es que, más allá de que estén o no de acuerdo con la reforma, las resoluciones judiciales debieron acatarse y punto, como lo haríamos cualquiera, y ellos con mayor razón por ser autoridades. Se olvidaron de que las autoridades tienen límites, y que esos límites los hace valer el Poder Judicial.

Más aún, al realizarse la sesión de Pleno, intempestivamente cambiaron de sede hacia un lugar ajeno a los inmuebles de la Cámara de Diputados, lo que requería acuerdo del propio Pleno, y se mudaron a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde nunca hubo certeza de que se contaba con quórum, y peor aún, tampoco se tuvo certeza sobre la identidad de las personas que votaban a mano alzada, es decir, no se sabía si en efecto eran legisladores o no.

Luego el proyecto pasó al Senado donde las cosas empeoraron. Ahí también se ignoró una cuarta suspensión dictada por un juzgado federal; pero además, dado que les faltaba un voto para alcanzar los 86 que se requieren para una reforma constitucional, la presiones (amenazas y promesas) no se hicieron esperar.

El senador Yunes Márquez, sobre quien pesa una acusación por fraude procesal, sucumbió a las amenazas contra él, y contra su familia, ya que su padre, quien también es su suplente, también tiene pendientes de orden penal, al igual que su hermano Fernando, y alguien más de su familia más cercana. Esta amenaza, y la promesa de retirar todas las acusaciones, se combinó con otra promesa, la de respetar el dominio político de la familia Yunes sobre el área de Veracruz y Boca del Río. Compra y amenaza al mismo tiempo.

Por otro lado, por si lo anterior fallaba, la fiscalía de Campeche detuvo esa misma noche, al padre del senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, quien acudió al lugar dejando espacio en el Senado para que la mayoría avanzara con la destrucción del Poder Judicial. No se sabe bien a bien si el senador fue retenido también, o si, en componenda con el gobierno, solo se hizo el perdido, pero como sea, la estrategia de la 4T fue de lo más inmunda. Ya quisiera ver qué habría dicho López Obrador si algo así hubiera ocurrido contra los suyos cuando él era oposición. Se estaría desgañitando las vestiduras.

Como cereza del pastel, una vez aprobado en el Senado, el proyecto pasó a las legislaturas estatales donde, en menos de 18 horas, ya 17 de ellas lo habían aprobado, obviamente sin discusión alguna, lo que también viola el principio de deliberación democrática. Se trata pues, de una reforma verdaderamente obscena.