Marcos Pérez Esquer.- Aunque usted no lo crea, cuando la Fiscalía General de la República y su respectiva ley orgánica apenas han cumplido dos años de existencia, ya está sobre la mesa del Senado de la República una propuesta de nueva ley.

La iniciativa de nueva Ley de la Fiscalía General de la República nace de una propuesta formulada por el propio fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero, que, en atención a un artículo transitorio de la todavía vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, realizó un estudio para evaluar el marco jurídico de esa institución para presentarlo al Senado. En ese sentido, propuso una nueva ley, y también una serie de cambios en 66 leyes más. Se trata en realidad pues, de todo un paquete de reformas en materia de procuración de justicia.

El estudio fue retomado por el Senador Ricardo Monreal, quien lo presentó a modo de iniciativa de nueva ley, y de reformas a 66 leyes más.

Parece que habría sido más sensato darle oportunidad al actual marco jurídico de madurar, para luego revisar si era o no necesario cambiarlo, pero bueno, la propuesta ya está ahí y habrá de empezar a discutirse en los primeros días de febrero cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Así las cosas, lo importante ahora es revisar si hay aspectos que impliquen un auténtico avance, y si en su caso, hay retrocesos, o aspectos que preocupen.

Entre los avances, me parece que se pueden destacar al menos tres: por una parte, se fortalece la autonomía constitucional de la Fiscalía, esto, porque no obstante que la Constitución ya lo señala así, el resto del marco jurídico nacional le sigue dando un trato de instancia semi-dependiente del presidente de la República. De hecho, en muchas leyes se le sigue considerando como dependencia del Ejecutivo. Todo esto estaría cambiando con la aprobación del paquete de reformas, y eso es a todas luces algo muy positivo.

Otro aspecto positivo es la reorganización interna de la Fiscalía, en la que se plantea la existencia de equipos de trabajo análogos a los que vemos en las series de televisión estadounidenses como la Ley y el Orden, CSI, NCIS, etc., en las que hay un agente del ministerio público (o fiscal), que es cabeza a un equipo que a su vez es comandado por un policía en jefe, que tiene a su cargo a otros policías investigadores, peritos y analistas.

Además, esta reestructura orgánica elimina la polémica figura del Coordinador General de la Fiscalía, al que la ley actual le asigna facultades desproporcionadas.

Sin embargo, el proyecto debe cambiar en varios aspectos que revelan un cierto retroceso.

De entrada, elimina el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, que si bien, hasta ahora no ha entrado en funciones, no cabe duda de que se trata de una instancia útil para la supervisión ciudadana y la rendición de cuentas de una institución tan importante para el Estado mexicano. Que no haya entrado en funciones no obedece a otra cosa que una falta de voluntad política para nombrar a sus integrantes, pero eso debería ser superado pronto mediante los acuerdos pertinentes.

Se elimina también la participación ciudadana en los procesos de nombramientos del Fiscal General y de los titulares de las Fiscalías Especializadas (tanto la de delitos electorales, como la de combate a la corrupción, y otras más), y tampoco se abordan los requisitos mínimos de perfil que deben tener estos fiscales especializados.

Otro aspecto negativo es el hecho de dejar al aire las facultades de las distintas áreas de la estructura orgánica. Solo se menciona la existencia de tales áreas, pero no se dice cuales serán las funciones de cada cual. Todo esto se deja al Estatuto, y claro, ahí el Fiscal, que sería quien lo emita, tendría manga ancha… demasiado ancha a mi parecer.

Por último, con este proyecto, la Fiscalía pretende dejar de ser integrante de varias instancias donde su presencia es importante, como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, o la Comisión contra la Trata de Personas, entre otros. En definitiva, esto no se entiende, la Fiscalía debe estar ahí sin lugar a dudas.

Esperemos pues, que en la discusión legislativa estos errores puedan ser corregidos y al final tengamos una ley mucho más robusta y funcional, para el despliegue de una función estatal tan importante como es la procuración de justicia.