Éctor Jaime Ramírez-Barba.-

“No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue” Refrán popular

Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le llegó la fecha para dar a conocer los resultados definitivos de las estadísticas de defunciones registradas en 2021. De las muertes registradas en 2021 (1,098,301) el 47.3% (530,950) ocurrieron en el hogar, 38.7% (426,137) en hospitales públicos, 47,573 en unidades médicas privadas, 36,236 en la vía pública, 56,578 en otro lugar y en 24,775 no se especificó el sitio de la defunción.

De las 10 principales causas de mortalidad 2021, la primera fue la COVID-19 causando 238,772 defunciones (21.7% del total), 61% en hombres y 39% en mujeres. El exceso de mortalidad por el negligente manejo de la pandemia en nuestro país durante el periodo 2020-2021 ha sido el más alto del mundo: 55 % de incremento de exceso de mortalidad en el período 2020-2021 comparado con el 2015-2019; ¡cuatro veces más! que el promedio de los países de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica -OCDE- según el informe liberado el pasado 23 de febrero denominado “¿Listos para la siguiente crisis?, invertir en la resiliencia del sistema de salud.

Una de las medidas clave para disminuir la enfermedad grave y la mortalidad por COVID-19 es la vacunación, que arrancó su “primera etapa” en México el 24 de diciembre de 2020 en la ciudad de México, estado de México y Querétaro. Las fallas garrafales en el proceso de vacunación fueron factor determinante para tener esta inaceptable sobremortalidad y que las y los mexicanos fallecieran en su mayoría en casa, hospitales privados y en la calle.

En esta columna hemos escrito la ausencia de un plan de preparación, planeación y respuesta ante la pandemia COVID-19 y su “plan rector” de manipulación política de vacunación; la eliminación fáctica del Consejo Nacional de Vacunación; la creación de los “servidores de la nación politizados” sin perfil ni experiencia; la desvinculación y desinformación con los demás órdenes sanitarios; y el desprecio hacia los profesionales de la salud del ámbito privado que fueron vacunados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de mayo de 2022, quien determinó que el personal médico del sector privado debe ser vacunado contra el virus SARS-CoV-2 en iguales condiciones que el personal de salud del sector público.

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue estimados lectores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados. Ejerce su función fiscalizadora conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. El pasado 20 de febrero entregó los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021. Le comento aquí los hallazgos del Informe de Cumplimiento de la Secretaria de Salud en la adquisición y distribución de vacunas COVID-19 que confirman lo sostenido por este columnista.
Se utilizaron 27 mil 31.9 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) operado por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) por concepto de adquisición de vacunas para atender y combatir la enfermedad. He aquí algunos de los increíbles hallazgos del in-control de la cuarta trastornación (sic).

1) La Secretaría de Salud (SS) no contó con el documento en el que dicha dependencia señaló a las farmacéuticas la cantidad fija de dosis de vacunas a adquirir.

2) No supervisaron los pagos efectuados a las compañías farmacéuticas, efectuando pagos duplicados a dos compañías, una de las cuales reintegró el recurso financiero sin intereses 239 días después.

3) Se encontraron discrepancias en los datos relativos a las cantidades de dosis de vacunas, número de lotes y de factura entre el Sistema de Administraciòn Tributaria (SAT), la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

4) Las dosis de vacunas Pfizer resguardadas en el Instituto Nacional de Cancerología no contaron con evidencia documental de los registros de entradas y salidas de la vacuna durante 2021; ni de la notificación a los Laboratorios de Biologicos y reactivos de México (BIRMEX) de los arribos de las dosis al territorio nacional ni de la acreditación de la comunicación establecida con los coordinadores estatales de las brigadas correcaminos.

5) Por último, entre otros hallazgos, la recepción y entrega de las vacunas no contemplaron el número de lote de dosis entregadas y la temperatura con las que se recibieron las dosis. Y en el almacén del Instituto nacional de Virología tenían 1.6 millones de ¡dosis caducadas!.

Así las cosas, las vacunas a la deriva costaron muchas vidas en nuestro país.