El oficialismo diseñó el proceso de elección judicial con un claro propósito político: controlar quiénes acceden a los cargos del Poder Judicial. La idea original era poder “palomear” a todas las personas aspirantes. Sin embargo, ante la falta de suficientes cuadros leales, el oficialismo terminó aplicando dos criterios esenciales: primero, enfocarse en cubrir los espacios que más le interesaban; segundo, bloquear a perfiles identificables con la oposición.

El caso más emblemático del primer criterio es el de la magistrada de competencia económica asignada al distrito de Iztapalapa. No es un cargo menor: los jueces en competencia económica y telecomunicaciones resuelven controversias que involucran intereses que representan alrededor del 6% del PIB. Respecto al segundo criterio, destaca el bloqueo a mi amigo Roberto Gil Zuarth, aunque no fue el único; otros aspirantes con trayectorias independientes o críticas también fueron (fuimos) excluidos.

Paradójicamente, esta estrategia terminó abriendo la puerta a personas valiosas, técnicamente sólidas, que no estaban en el radar del oficialismo.

Así, el 68% de todas las personas aspirantes tienen vínculos con el Poder Judicial. Este grupo incluye al 30% de jueces y magistrados en funciones que decidieron competir, así como a actuarios, proyectistas, secretarios de acuerdos y demás colaboradores. Menos de un tercio son incondicionales del oficialismo, entre los cuales se han detectado algunos vinculados al narco y a sectas religiosas.

Por esto, el problema mayor no está en la selección de perfiles, sino en que el gobierno y Morena han echado a andar una operación de Estado para asegurar que los suyos ganen. Esta operación incluye acarreo masivo de beneficiarios de programas sociales, reparto de “acordeones” con instrucciones de voto, y la concentración de esfuerzos en distritos clave. La baja participación esperada facilitará esta operación. Pero incluso si actuaran de buena fe —lo cual no se les da muy bien—, el diseño mismo del proceso impide que el sufragio sea universal, directo y libre, como lo exigen la Constitución, la democracia y la decencia. Veamos:

1. No será universal porque la forma en que se distribuyeron los cargos rompe con la igualdad del voto. El 26% de los cargos se concentra en la zona metropolitana (CDMX y Edomex), y más del 50% en solo ocho Estados. La distritación hecha por el INE provocó un desequilibrio: en la CDMX, por ejemplo, hay 11 distritos para casi 8 millones de electores y 168 cargos en disputa; en el Edomex, solo 3 distritos para más de 13 millones de votantes, y 54 cargos a elegir. Eso implica que en la CDMX cada 47 mil personas eligen un cargo, mientras que en el Edomex cada cargo será definido por 245 mil votantes, es decir, el voto de un capitalino ¡vale 5 veces más que el de un mexiquense!

2. No será directo porque algunos cargos de jurisdicción nacional serán electos localmente. El caso de la magistrada de competencia económica es paradigmático: resolverá temas que afectan a ciudadanos de todo el país, pero será electa exclusivamente por residentes de Iztapalapa. Esto rompe con el derecho al voto directo de millones de mexicanos, ya que no podrán participar en la elección de un cargo que incide en su vida cotidiana.

3. No será libre porque el tamaño y la complejidad del proceso impiden que los votantes conozcan los perfiles o funciones de quienes compiten. Votar sin saber por quién ni para qué, invalida el carácter libre del sufragio. A ello se suma que el INE decidió que los funcionarios de casilla no contarán los votos, sino que los paquetes se enviarán a los consejos distritales para ser contados por personal del instituto. Esta medida debilita la certeza jurídica y aumenta la desconfianza ciudadana.

Frente a esta realidad, usted sabrá si acude a votar o no. Pero si opta por participar, le sugiero seguir criterios simples pero efectivos: apoyar a quienes conozca y en quienes confíe; descartar a candidaturas impresentables o peligrosas; y en los casos donde no se tengan referencias, preferir a quienes ya están en funciones (identificados como “EF” en la boleta) pues estas pasaron filtros meritocráticos y son, al menos, garantía de experiencia, o bien, a las propuestas del Poder Judicial (“PJ”).

En suma, la elección judicial será absolutamente antidemocrática. Pero el acto de votar de manera informada y responsable, aun en condiciones adversas, podría convertirse en un gesto de resistencia ciudadana frente al autoritarismo. Así y con todo, me inclino por acudir a votar, pero tenemos hasta el domingo para pensarlo bien.