Ciudad de México 7 de junio de 2026.- El PAN decidió saltarse los tribunales mexicanos, a los que considera controlados por el gobierno oficialista, y acudió directo a la Corte Penal Internacional. Presentaron una denuncia contra el expresidente López Obrador y varios cárteles por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La acusación no es menor: señalan que los más de 200 mil homicidios y 150 mil desaparecidos en el sexenio pasado no son casualidad. El PAN argumenta que la famosa estrategia de “abrazos, no balazos” fue, en realidad, un pacto calculado que cedió territorio y poder al crimen organizado.

Según la denuncia, el Estado mexicano renunció a su obligación de proteger a la gente, permitiendo que la delincuencia gobernara en varias regiones. Además, salpican directamente a gobernadores actuales de Morena, como los de Sinaloa o Sonora, acusándolos de tener vínculos con los cárteles.

El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país.

Ante la falta de instituciones nacionales que consideren independientes para investigar este nivel de acusaciones, el partido  busca que la justicia internacional tome las riendas. El objetivo final es que se rinda cuentas por fenómenos como el reclutamiento forzado y el desplazamiento.

El PAN asegura que se mantendrá como la voz de las millones de familias atrapadas en la crisis de inseguridad que exigen respuestas. Su mensaje es contundente: cuando las puertas de la justicia local se cierran, es hora de tocar las del resto del mundo.