Hay algo profundamente revelador en que el oficialismo haya decidido proponer una reforma… para corregir la reforma judicial que aprobó hace apenas un año y medio.

Porque durante meses se nos dijo que aquella transformación era “histórica”, “un reclamo popular”, “el gran acto democratizador del siglo”. Quienes advertimos que estaba hecha con improvisación, revanchismo presidencial y una pésima visión de Estado, fuimos ignorados. Y mírenlos ahora. Corrigiendo a toda prisa aquello que juraban era una obra maestra constitucional.

La nueva iniciativa presidencial es, en realidad, una confesión involuntaria: la reforma judicial de 2024 salió tan mal diseñada que ya necesita cirugía mayor. Penosamente, con este y otros casos similares, Morena está convirtiendo la Constitución en un borrador editable; un procesador de textos.

Uno de los ejemplos más divertidamente trágicos es el regreso de las “secciones” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes llamadas Salas. Resulta que aquello que la oposición dijo desde el principio -que eliminar las Salas volvería inoperante a la Corte- era correcto. Ahora las restituyen discretamente, evitando cuidadosamente admitir que se equivocaron. No son Salas: son “secciones”. 

Pero el espectáculo apenas comienza.

La iniciativa tampoco resuelve una antinomia constitucional bastante pintoresca. El artículo 94 dice que la presidencia de la Corte se rotará cada dos años según el número de votos obtenidos por cada ministro en las urnas, mientras el artículo 97 señala que la propia Corte elegirá a su presidente cada cuatro años. Dos métodos distintos. Dos plazos distintos. Dos lógicas incompatibles coexistiendo tranquilamente dentro de la misma Constitución. Y nadie pareció notarlo. Bueno, sí lo notamos algunos, pero en aquel momento estaban demasiado ocupados acusándonos de querer defender a “la mafia togada”.

Además, el nuevo proyecto introduce un nuevo disparate técnico respecto de la revocación de mandato. Ahora quieren empatar esos procesos con las elecciones ordinarias. El problema es que olvidaron modificar el periodo constitucionalmente establecido para solicitar la revocación. Resultado: para futuros presidentes, el periodo para pedir la revocación se abriría… después de que ya pasó la jornada electoral correspondiente. Sí, por increíble que parezca, diseñaron un mecanismo donde primero ocurre la elección y luego se abre el plazo para solicitarla. Ni Gabriel García Márquez con su realismo mágico se habría atrevido a tanto.

Las sorpresas llegan a niveles todavía más notables en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta Sheinbaum anunció el lunes que en 2028 se elegirían cuatro magistraturas de la Sala Superior, y así lo consignó en el power point de su conferencia mañanera. Solo hubo un pequeño detalle: le informaron mal. En realidad, deben ser cinco, porque existe la vacante dejada por Janine Otálora, quien rechazó la ampliación previa de su mandato.

Pero incluso eso palidece frente a otro detalle delicioso: la iniciativa vuelve a ampliar el periodo de varios magistrados electorales. Algunos ya habían sido beneficiados con una primera ampliación; otros con una segunda. Ahora van por la tercera. Un par de ellos debieron terminar sus gestiones en 2022, ahora resulta que terminarán en 2028. Chulada. Los periodos de gestión de estos juzgadores ya parecen suscripción de streaming: se renuevan automáticamente mientras nadie diga nada.

Todo esto tendría algo de tierno, y hasta de entrañable, si no estuviéramos hablando del diseño institucional del Poder Judicial. Porque más allá de las pifias técnicas, contradicciones normativas y remiendos constitucionales está un problema mucho más serio: la iniciativa corrige detalles operativos, pero deja intacto el desastre de fondo: la captura política del Poder Judicial. Ese es el verdadero problema. No las boletas complejas. No el número de candidaturas. No los tiempos electorales. El problema real es que el modelo creado por Morena subordinó la integración de la judicatura a intereses facciosos: oficialistas, morenistas, y hasta criminales.

La elección popular de jueces convirtió a la justicia en una arena de movilización del gobierno y su partido. Y los resultados están a la vista: acordeones, operadores territoriales, campañas encubiertas, perfiles impresentables y una participación de apenas el 13% del padrón. 

El oficialismo hablaba de “democratización judicial”. Pero lo que vimos en realidad fue otra cosa: la colonización política de la justicia. Y eso no se arregla simplificando boletas o reduciendo candidaturas mediante nuevas tómbolas.